La caoba es la joya de la corona de la Amazonia; sus magníficos troncos son como columnas que se elevan hasta el denso dosel del bosque. Su intenso tono rojizo y su durabilidad la convierten en uno de los materiales de construcción y ebanistería más codiciados de la Tierra y en un símbolo de riqueza y poder. Un solo árbol puede reportar miles de euros en el mercado internacio­nal una vez que la madera, ya procesada, llega a las tiendas de Estados Unidos o Europa.

Después de 2001, año en que Brasil declaró una moratoria sobre la tala de caoba, Perú se ha consolidado como uno de los mayores proveedores mundiales. La fiebre del «oro rojo», como a veces se denomina a la caoba, ha dejado numerosas cuencas de drenaje de Perú -como la del Alto Tamaya, tierra natal de un grupo de indios ashéninka- despojadas de sus árboles más preciados. Los últimos reductos de caobas, al igual que los de cedros colorados, se encuentran ahora en su mayoría dentro de territorios indígenas, parques nacionales y reservas territoriales establecidas para proteger a las tribus aisladas.

Después de que en 2001, Brasil declarara una moratoria sobre la tala de caoba, Perú se ha consolidado como uno de los mayores proveedores mundiales

Como resultado, los leñadores van en busca de otros árboles monumentales prácticamente desconocidos para nosotros (copaiba, ishpingo, shihuahuaco, capirona) pero que están llegando a nuestros hogares en forma de muebles de dormitorio, armarios, parqués y tarimas de exterior. Se trata de variedades menos conocidas y también menos protegidas que las especies más caras y carismáticas, como la caoba, aunque muchas veces sean más importantes para el ecosistema forestal. Al extender la tala a esas otras especies, los leñadores incrementan cada vez más el nú­­mero de árboles cortados para compensar sus mermados ingresos, amenazando durante el proceso hábitats fundamentales. Los primates, las aves y los anfibios que viven en las zonas más altas del bosque están cada vez más amenazados. Las comunidades indígenas están angustiadas y divididas entre quienes prefieren la conservación y quienes buscan el dinero fácil. Y algunas de las tribus más aisladas del planeta se están viendo forzadas a abandonar sus territorios por culpa del rugido de las motosierras y del estruendo de los inmensos y multicentenarios leviatanes cuando caen abatidos al suelo.

Se cree que tres cuartas partes de la cosecha anual de madera peruana es ilícita

Se cree que tres cuartas partes de la cosecha anual de madera peruana es ilícita. A pesar de las medidas contra la tala de caobas, que se empezaron a aplicar hace cinco años, y del marcado descenso de la producción, gran parte de la madera que llega al mundo industrializado es según parece de origen ilegal. La mayoría de esas exportaciones ha ido a parar a Estados Unidos, aunque cada vez más se dirige a Asia.

A poca distancia del Alto Tamaya, en dirección sudeste, hay una extensión de 38.850 kilómetros cuadrados de áreas protegidas conocida como Complejo de Conservación del Purús, donde abundan árboles inmensos que brotaron del suelo selvático hace siglos. En esta zona nacen los ríos Purús y Yurúa, y algunas tribus habitan entre sus escarpadas colinas en un aislamiento absoluto. Se cree que ahí se encuentra hasta el 80 % de las caobas que quedan en Perú.

Los leñadores furtivos usan los asentamientos indígenas como puerta trasera para entrar en las áreas protegidas. Muchas comunidades han sido engañadas por hombres que les ofrecen dinero a cambio de ayuda para conseguir permisos de tala, que luego utilizan para «blanquear» la caoba talada ilegalmente en las reservas. A lo largo del río Huacapistea, un afluente del Yurúa que delimita la frontera noroccidental de la Reserva Territorial Murunahua, ese tipo de fraude ha dejado a media docena de comunidades ashéninka empobrecidas y frustradas.

En plena época de lluvias me uno a Chris Fa­­gan, director ejecutivo de Upper Amazon Conservancy, una organización con sede en Estados Unidos, y Arsenio Calle, director del Parque Nacional del Alto Purús, en una expedición para remontar el río Huacapistea. Calle, de 47 años, tiene jurisdicción sobre gran parte del Complejo del Purús. «Arsenio ha logrado expulsar del parque a muchos leñadores –me explica Fagan–, pero sigue habiendo una gran demanda de caoba ilegal.» La organización de Fagan ha creado en Perú un grupo asociado llamado ProPurús para ayudar al servicio de parques y a las federa­ciones indígenas a proteger los bosques. Una de sus iniciativas es la organización de «comités de vigilancia» para patrullar las fronteras del parque nacional e impedir el paso a los intrusos. El director de campo de ProPurús, José Borgo Vásquez, de 60 años y veterano en la lucha por la conservación de la Amazonia peruana, también está a bordo de una de las canoas motorizadas.

«Los leñadores os están robando y se están saliendo con la suya –explica Borgo a un grupo ashéninka en nuestra primera parada, una aldea llamada Dulce Gloria–. ¿Por qué? Porque no es­­táis haciendo nada para detenerlos.» Borgo cree que los esfuerzos de conservación solo darán resultado si las comunidades locales toman parte activa en la defensa de sus tierras. Los dos mayores obstáculos, dice, son la pobreza y la falta de formación. Y el tercer obstáculo son las enormes distancias, que dan una gran ventaja a los taladores furtivos. La selva amazónica es tan extensa, y sus valles fluviales, tan remotos y de tan difícil acceso, que es imposible patrullar toda su extensión con eficacia. La ausencia de una autoridad sobre el terreno ha generado la sensación entre los leñadores de que la selva es suya.

Un informador local nos dice que un leñador llamado Rubén Campos está utilizando una vía ilegal río arriba para arrastrar troncos de caoba hacia una cuenca adyacente. Nuestros intentos de dar con Campos y hablar con él fueron infructuosos. Una maniobra así le permitiría llevarse cualquier troza conseguida de forma ilícita por el río Ucayali hasta los aserraderos de Pucallpa, la capital regional, sin que los ashéninka del Huacapistea se enteren de lo que se lleva.

Los esfuerzos de conservación solo darán resultado si las comunidades locales toman parte activa en la defensa de sus tierras

Al día siguiente, bajo un buen chaparrón, los guías locales nos conducen hacia el interior de la selva en busca de esa operación ilícita. Pasamos junto a una caoba enorme con una X grabada en la corteza, aparentemente una marca para la tala. Anclado al suelo por sus extensas raíces, el inmenso tronco asciende vertiginosamente hacia el dosel, donde de sus ramas cuelgan abundantes orquídeas y bromelias. Un camino abierto en el bosque conduce al interior de la selva, empapada por la lluvia, y desaparece en un fondo difuso de vivas tonalidades verdes. Enseguida encontramos al culpable: un tractor forestal arrastrador John Deere con enormes ruedas aparcado en un cobertizo de chapa metálica. Seguimos adelante y pasamos junto a una docena de inmensos troncos de caoba y de cedro colorado listos para que el tractor se los lleve. Calle mide los diámetros: aproximadamente un metro y medio cada uno. Nos informa de que se trata de árboles varias veces centenarios.

Llegamos a un claro dominado por un de­­crépito cobertizo con techo de paja. Está custodiado por un vigilante solitario, un hombre escuálido llamado Emilio, a quien despertamos de la siesta. «Un hombre tiene que trabajar –nos dice a la defensiva–. Si no hay otro trabajo, ¿qué voy a hacer?» La pregunta incomoda a Calle. La operación maderera está claramente fuera de los límites de la legalidad; nadie tiene autorización para talar en esta selva. Pero el campamento en sí se halla fuera del alcance legal de Calle.

Debido a la lluvia torrencial, y ante la dificultad de seguir la vía de saca a través del riachuelo crecido en dirección a la reserva, decidimos volver. Calle avisará a las autoridades cuando regrese a Pucallpa, pero lo más seguro es que nadie tenga la energía ni la perseverancia para denunciar y perseguir a esos leñadores. Sin pruebas contundentes que procedan de la propia reserva, sería difícil llevar adelante el caso. Además, es probable que los leñadores tengan contactos entre quienes detentan el poder en Pucallpa. Muchos policías honestos se enfrentan con frecuencia a campañas difamatorias o incluso directamente al despido si se extralimitan en su celo. Es más, hace poco, el Gobierno de Lima ha transferido de nuevo la gestión forestal a los gobiernos regionales, donde a menudo los funcionarios son más susceptibles de corrupción. «Si no adoptamos una postura más activa, las áreas protegidas acabarán siendo un bosque fragmentado», advierte Calle, quien teme que los leñadores tengan ahora incluso más libertad para quebrantar las leyes.

Los infractores no tendrán libertad alguna en territorio de Edwin Chota Valera, si él lo puede evitar. Chota, activista de 52 años, fibroso, pelo negro azabache y nariz aguileña, es el líder de la aldea ashéninka de Saweto, a unos 95 kilómetros en dirección noroeste del Complejo de Conservación del Purús. Desde 1998, año en que los ashéninka locales fundaron Saweto, han visto con impotencia cómo estación tras estación las cuadrillas de leñadores bajaban enormes troncos río abajo desde las cabeceras del Alto Tamaya y el Putaya hasta los aserraderos de Pucallpa.

Ante estas transgresiones, hace 10 años los aldeanos emprendieron una cruzada para que el gobierno regional de Pucallpa les otorgase el título de propiedad sobre sus tierras: más de 650 kilómetros cuadrados de selva, llena de ríos, que se extiende desde Saweto hasta la frontera brasileña. Su demanda ha estado paralizada durante años por la burocracia, mientras los furtivos saqueaban sus bosques. Parece ser que la petición finalmente se resolverá este año.

La oleada de tala ilegal incitó a los legisladores estadounidenses en 2007 a exigir toda una serie de reformas como condición para aprobar el tratado de libre comercio con Perú. Este tratado obligaba al país, entre otras cosas, a implementar un plan de acción para proteger la caoba según los requisitos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Los funcionarios limeños manifiestan estar probando otras medidas, entre ellas un sistema de supervisión electrónica que ayudará a modernizar la industria maderera peruana. Los cambios se han ido produciendo lentamente y han supuesto un imperceptible alivio para las comunidades más remotas, como Saweto, víctimas de las mafias madereras que ya han saqueado su caoba a cambio de un pago mísero, que a veces ni siquiera han realizado.

Pero se ha inaugurado una nueva era para los ashéninka del Alto Tamaya. En una reunión que tuvo lugar dentro de la única aula de la escuela de Saweto, una mujer llamada Teresa López Campos instó a su gente a enfrentarse a los leñadores. «¿Dónde vamos a ir si acaban echándonos de aquí? –preguntó con vehemencia–. Vamos a morir aquí. No tenemos otro lugar adonde ir.»

Dos días después, unos diez hombres y mujeres ashéninka se han unido bajo la dirección de Chota para perseguir a los leñadores ilegales hasta el nacimiento del Alto Tamaya y exigir su partida. Llevamos desde el alba siguiendo los verdes meandros del Mashansho a través de la frondosa selva a lo largo de la frontera oriental con Brasil. Mis anfitriones ashéninka impulsan pacientemente las canoas con pértigas a través de los bajíos, seguros de que en algún lugar río arriba nos enfrentaremos a una banda encabezada por un hombre escurridizo a quien llaman El Gato. La expedición es arriesgada y probablemente provocará la ira no solo de los leñadores sino también de sus cabecillas en Pucallpa.

Los hombres de Saweto no estaban cuando El Gato pasó en una barca motora por delante de su aldea hace una semana. Ignorando los gritos de las mujeres que desde el dique le exigían mantenerse alejado de sus bosques, El Gato siguió río arriba con tres barcos cargados con suficiente comida y carburante para mantener durante todo el verano a su siniestra tripulación talando árboles por esas zonas remotas.

"Hasta que no tengamos la titularidad de la tierra, los leñadores no respetarán nuestra propiedad"

«Hasta que no tengamos la titularidad de la tierra, los leñadores no respetarán nuestra propiedad –dice Chota, mientras impulsa la canoa con una pértiga de tres metros–. Nos amenazan. Nos intimidan. Y van armados.» Chota ha recibido amenazas de muerte y repetidas veces ha tenido que buscar refugio entre sus parientes tribales de Brasil, que viven a dos días a pie de donde estamos siguiendo antiguos senderos.

«Poseer el título de propiedad es un ingrediente clave en la lucha contra la tala ilegal», coincide David Salisbury, un geógrafo de la Universidad de Richmond que está sentado a mi lado. El rubio y larguirucho Salisbury asesora a esta aldea desde 2004, cuando se enteró de su problema mientras realizaba la tesis doctoral. «Las comunidades indígenas son las más interesadas en estos lugares –dice–. Son ellas quienes deben tomar las decisiones sobre cómo hacer un uso sostenible de sus tierras y recursos.»

La industria maderera peruana dentro de un marco de concesiones y permisos diseñado para permitir que una comunidad, empresa o individuo exploten un volumen sostenible de madera en una zona determinada. También se expiden permisos de transporte, para así seguir de cerca el recorrido de un cargamento desde el bosque hasta el punto de exportación o de venta finales, pasando por el aserradero. Pero el tráfico de permisos está a la orden del día en el mercado negro, y eso hace posible que los leñadores extraigan madera de un sitio y declaren que viene de otro.

El tráfico de permisos está a la orden del día en el mercado negro

La zona del Alto Tamaya es un buen ejemplo. El puesto de inspección gubernamental más cercano está a varios días río abajo de Saweto, explica Chota. Por lo que cuando El Gato vaya a sacar las trozas de aquí durante la próxima temporada de lluvias, podrá alegar que cualquier pieza talada de forma ilegal en el territorio ashéninka fue extraída de alguna concesión cercana legítima. «Bienvenido a la tierra sin ley –dice Chota, señalando la selva que nos rodea–. Desde ese puesto de inspección hasta aquí, no hay ley. La única ley es la de las armas.»

"La única ley es la de las armas"

A medida que remontamos el Mashansho, se hace evidente que los forasteros no son los únicos que saquean la selva. Desembarcamos en una playa en la que nos llega el agudo chirrido de un motor procedente del interior del bosque. Unos minutos después nos topamos con cinco hombres jóvenes, descalzos y descamisados, a punto de derribar una enorme copaiba. Todos son ashéninka y parientes de «Gaitán» (no es su verdadero nombre), el miembro de más edad de nuestra expedición. En medio de una lluvia de serrín, el hijo de Gaitán sigue cortando el tronco. De repente se oye un fuerte crujido. Todos corren a ponerse a salvo, y la sierra sigue rugiendo mientras el inmenso árbol empieza a caer y aterriza con un impactante ruido sordo.

El aire se impregna de la savia perfumada del tocón recién formado. El aceite de este árbol es famoso por sus propiedades curativas, y de ha­­berse dejado en pie, este mismo ejemplar podría generar con el tiempo mucho más dinero por su aceite medicinal que el que rendirá en esta operación (la familia de Gaitán recibirá probablemente menos de 100 euros por la madera). Pero, sabiendo que la banda de El Gato anda por la selva, estos hombres han preferido ser ellos quienes aprovechen el árbol. Estas son las distorsiones que se generan en ausencia de una ley reguladora; en medio del caos selvático, quien encuentra el árbol se lo queda.

Chota mueve la cabeza indignado al ver el tocón de copaiba. «Todo el que tale aquí, lo está haciendo de forma ilegal, punto –afirma–. A nadie se le ha dado el permiso reglamentario.» Chota lleva tiempo intentando convencer a los ashéninka de que se abstengan de este tipo de prácticas, pero tiene que actuar con diplomacia si no quiere arriesgarse a dividir aún más a su gente. Las comunidades indígenas pueden subsistir de la caza, la pesca y las cosechas si sus bosques permanecen intactos. Pero también ne­­cesitan ropa, jabón y medicinas, y para muchos, la tala (o las propinas de los leñadores) es la única manera de conseguir esos productos.

Empieza a caer el sol y decidimos atajar a pie. El camino nos llevará más arriba de donde se encuentra El Gato. Mientras los últimos rayos se desvanecen, buscamos un lugar donde acampar.

Dado que los permisos se usan comúnmente para «legalizar» madera talada en tierras adyacentes, el sistema de concesiones peruano ha recibido amplias críticas por facilitar la tala furtiva. Pero los ingenieros forestales y recolectores de una empresa llamada Consorcio Forestal Amazónico (CFA) dicen que están intentando hacer las cosas bien. El CFA maneja una inmensa concesión en los densos bosques a ambos lados del río Ucayali, en el corazón de la Amazonia peruana. La empresa es un modelo de cómo se debe trabajar: sus operarios, vestidos con chalecos fluorescentes, son guiados a los árboles seleccionados mediante mapas y bases de datos informatizados. Las 184.130 hectáreas de bosque primario han sido divididas en una red de 30 parcelas, cada una de las cuales corresponde a la cosecha de un año, dentro de un plan de rotaciones de 30 años.

En una de las bases dentro de la concesión, los supervisores planifican con las brigadas el trabajo del día. Los «delineantes de parcelas» se inclinan sobre las mesas de dibujo para actualizar los mapas que cada equipo llevará consigo. Todos los árboles cosechables llevan un número de identificación y un código de color según la especie. Cada equipo de tala, formado por dos hombres, cortará aproximadamente diez árboles antes de que termine la jornada, avanzando en una línea que se corresponde con una franja del mapa. Los árboles maduros, productores de semillas, se dejarán en pie para que el bosque pueda regenerarse. «Procuramos dejar el bosque lo más intacto posible –dice Geoffrey Venegas, un ingeniero forestal costarricense que supervisa la tala–. Estamos años luz por delante de lo que he visto en otros lugares.»

Bajamos de la camioneta en uno de los puntos de recogida, que está lleno de montones de trozas recién taladas, de aproximadamente un metro de diámetro, de árboles poco conocidos: chamisa, yacushapana y el aromático alcanfor moena. Apenas hay caobas en la concesión del CFA. Según Venegas, el futuro de la madera noble tropical está en estos árboles menos glamurosos. «Hemos identificado 20 especies diferentes con potencial comercial –explica–. Este año estamos talando 12 de ellas.»

Los ejecutivos del CFA manifiestan que el aprovechamiento de múltiples especies hace aumentar el valor del bosque, lo cual significa un mayor incentivo para cuidar de él, incluso cuando ya no hay caobas ni cedros colorados.

Pero, ¿qué aspecto tendrá esta selva dentro de 30 años, cuando los caminos abiertos se extiendan por todos los rincones de la concesión, y cuando hombres y máquinas vuelvan para co­­menzar de nuevo el ciclo? ¿Se habrá podido regenerar el bosque? El CFA cuenta con ello. «Si somos capaces de hacerlo, toda la industria ma­­derera peruana se beneficiará –explica el director de ventas Rick Kellso–. Se pueden conseguir muchos beneficios haciendo las cosas bien. No es necesario proceder de forma ilegal.»

De nuevo en la cuenca ALTA del Mashansho, bajo un cielo cuajado de estrellas, Edwin Chota Valera y David Salisbury reúnen a los ashéninka alrededor de una hoguera para planear el enfrentamiento del día siguiente con El Gato. «Pedirá ver vuestro título de propiedad –les dice Salisbury, en referencia a ese documento que aún no tienen–. Pero recordad que él tampoco tiene papeles. Está aquí talando de forma ilegal. No tiene justificación alguna para estar aquí.»

Con la primera luz de alba llegamos al campamento maderero y rodeamos las chozas antes de que alguien tenga tiempo de ir a por un rifle. Un hombre rubio con camiseta amarilla se pone de pie. Sus ojos verdes delatan desconcierto.

«¿Es usted el hombre que llaman El Gato?», le pregunta Chota.

«Sí», responde con cautela. Sin protestar, acepta marcharse, pero ruega a los ashéninka que le den permiso para llevarse los árboles que ya ha talado río arriba. «Somos simples trabajadores que intentamos ganarnos el pan.» Hay un atisbo de derrota en su voz. Dice que está endeudado con un tal Gutiérrez, quien adelantó 50.000 dólares en efectivo para esta expedición. «El tipo me perseguirá hasta el día en que me muera», dice.

Chota permanece indiferente. «Las cosas te podrían ir muy mal si te quedas aquí arriba», lo amenaza. El Gobierno de Lima, prosigue, ha prometido a las comunidades indígenas mayor protagonismo en los asuntos que les conciernen. «Las cosas empiezan a ir a nuestro favor.»

A los pocos días de nuestro encuentro con El Gato, unos vándalos se infiltran de noche en Saweto y sabotean tres de los motores fuera borda que se usaron en la expedición de Chota. Los ashéninka saben quién es el responsable. Pero la persecución de ese delito es otra historia.