Ecuador intenta recuperarse de una reciente ola de violencia que llevó al gobierno a lanzar una ofensiva militar contra las bandas criminales que operan en el país.

Los hechos de violencia comenzaron a principios de esta semana en prisiones de todo el país, cuando los soldados irrumpieron en un complejo penitenciario tras la desaparición de Adolfo Macías, líder de la banda criminal Los Choneros, de su celda. 

Los reclusos tomaron como rehenes a los guardias de la prisión, y decenas de detenidos escaparon, incluyendo a otro prominente líder criminal. La violencia se extendió rápidamente a ciudades y pueblos, donde las bandas de drogas operan sin control.

La gravedad de estos eventos ha impulsado al presidente Daniel Noboa a declarar un "conflicto armado interno", asignando al ejército la tarea de "neutralizar" a las dos docenas de pandillas identificadas ahora como "organizaciones terroristas".

 

Ecuador conflicto interno
Fuerzas Armadas de Ecuador/EyePress News/Shutterstock

Se ha declarado un estado de emergencia de 60 días.

¿Cómo han respondido las autoridades?

Ante esta espiral de violencia, las autoridades, lideradas por Noboa, han respondido con firmeza. Se ha declarado un estado de emergencia de 60 días, movilizando al ejército y designando a 22 bandas de narcotraficantes como grupos terroristas

Entre ellos, destacan Los Choneros y Los Lobos, cuyos líderes se fugaron recientemente de la cárcel. Estas medidas radicales reflejan la seriedad con la que el gobierno está enfrentando el desafío planteado por el crimen organizado y el narcotráfico.

El incremento del poder del narcotráfico en Ecuador es alarmante. En los últimos dos años, el país ha sido dominado por una industria narcotraficante cada vez más poderosa, con carteles internacionales colaborando con bandas locales. Esto ha desatado una ola de violencia sin igual en la historia reciente del país, disparando las tasas de homicidios a niveles récord. La situación ha escalado hasta el punto de desafiar abiertamente al presidente Noboa, con el crimen organizado declarando la guerra al gobierno.

¿cuál es la situación de la seguridad en ecuador?

Ecuador se encuentra en un momento crítico. El país está en medio de un conflicto que trasciende el ámbito del crimen organizado, tocando aspectos políticos, sociales y económicos. 

Durante dos años, el país de casi 18 millones de habitantes ha sido dominado por una industria de narcotráfico cada vez más poderosa. Carteles internacionales de drogas procedentes de lugares tan lejanos como Albania se han unido a bandas locales de prisiones y calles, desatando una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente del país. 

No en vano, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha aumentado en más de un 300%. En 2023 batió su récord histórico de homicidios con 7.878, de los que solo se resolvieron 584.

Este incremento no solo refleja la intensificación de la violencia en las calles, sino también un cambio profundo en el panorama del crimen organizado y su impacto en la sociedad ecuatoriana. 

Esta escalada de violencia se ha cobrado la vida de varios políticos y candidatos de alto perfil. La manifestación más reciente y alarmante del dominio de las bandas criminales en Ecuador se evidenció con el asesinato del candidato presidencial independiente Fernando Villavicencio. Conocido por su firme postura contra la corrupción y el crimen organizado, Villavicencio fue trágicamente asesinado en la vía pública durante su campaña electoral en agosto pasado.

Además, desde 2021, las prisiones ecuatorianas se han convertido en escenarios de enfrentamientos mortales entre bandas rivales, con más de 400 muertes reportadas. Estos incidentes subrayan la gravedad de la situación en el sistema penitenciario, que parece estar bajo el control de las mismas organizaciones criminales que el gobierno busca combatir. Las cárceles, lejos de ser espacios de rehabilitación, se han transformado en campos de batalla donde se libran guerras por el control y el poder entre diferentes facciones criminales.

 

Ecuador conflicto interno
Luis Soto/ZUMA Press Wire

Ecuatorianos que residen en España se manifestaron en Madrid para pedir el cese de la violencia en su país.

EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO

La droga también es un elemento importante en este rompecabezas. Y es que, tras el acuerdo de paz en Colombia y la desmovilización de las FARC, Ecuador ha ganado mayor relevancia en el mercado internacional de drogas.

La desintegración de las FARC llevó a una fragmentación de las cadenas de producción y distribución de cocaína, involucrando a grupos mafiosos ecuatorianos en el negocio. Estos grupos operan especialmente en la frontera con Ecuador, en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, donde forman alianzas con carteles mexicanos y organizaciones europeas, principalmente de los Balcanes occidentales.

Esta convergencia de organizaciones criminales de distintos países ha generado un escenario de disputa territorial y un incremento en la violencia en Ecuador.

Destacan en este panorama dos carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, que se estima empezó sus operaciones en Ecuador alrededor del año 2003 con el envío de emisarios y manteniendo un perfil bajo, y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

DESAFÍOS FUTUROS

De este modo, las medidas adoptadas por Noboa, aunque necesarias, plantean desafíos significativos. Por un lado, existe la necesidad de controlar la violencia y el desorden. Por otro, es fundamental garantizar que las respuestas no vulneren los derechos humanos o conduzcan a un estado autoritario.

La colaboración internacional y una estrategia integral, que abarque desde la reforma del sistema judicial y penitenciario hasta el fortalecimiento de las instituciones democráticas, serán cruciales para resolver esta crisis. Además, el gobierno debe tener cuidado de no caer en la trampa de medidas punitivas a corto plazo que no aborden las causas raíz del problema.

En resumen, la alarmante tasa de homicidios y las muertes en las prisiones en Ecuador son síntomas de una crisis más profunda que requiere una solución integral y sostenida, que vaya más allá de las respuestas militares y punitivas, y aborde las raíces estructurales y sociales de esta problemática.

 

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