Edith Espinola
42 años, nacida en Paraguay. Residente en España desde hace 12 años

Edith Espinola, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es portavoz de la organización SEDOAC (Servicio Doméstico Activo), así como del movimiento #RegularizacionYa, que aboga por la regularización de personas migrantes como consecuencia de la emergencia sanitaria. También es miembro de la entidad Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe e integrante del equipo gestor del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y Cuidados, el único de este tipo que existe en España. Esta entrevista forma parte del reportaje: "La huella invisible de la discriminación racial en España".

National Geographic España: ¿Cómo definiría el racismo?

Edith Espinola: Es una discriminación estructural que consiste en dividir a las personas en distintas categorías raciales. La raza no existe, solo existe la clasificación racial, del mismo modo que se encasilla a las personas en función de su religión, religión, género, origen u orientación sexual.

NG: ¿Qué estigma cree que sufre la población racializada en España?

Edith Esp.: La estigmatización sigue creciendo año tras año, desde el momento en que el discurso del “nosotros” y los “otros” señala a esta “otredad” como algo dañino para la población autóctona. De este modo va generando un camino de odio hacia todo lo diferente. El grupo de ‘los otros’ es amplio y diverso. Entramos en él todo tipo de comunidades, desde los negros, latinos, asiaticos y gitanos, hasta los musulmanes o los menores no acompañados. Este estigma ha validando nuestro acoso, abuso, derribo y hasta nuestra muerte. El claro ejemplo es decir “menas” y no menores no acompañados, porque es más fácil deshumanizarlos que reconocer que estás acosando y lanzando un discurso de odio contra niños de 13 a 17 años que no tienen a sus progenitores para defenderles.

NG: ¿Ha experimentado algún tipo de ataque o discriminación por motivos raciales?
Edith Esp.: No he sido víctima de ataques racistas en la calle, pero me he sentido agredida por las instituciones cuando he tenido que realizar algún trámite. En especial, el Departamento de Extranjería y las oficinas municipales. Esto podría parecer a simple vista un hecho anecdótico, pero se convierte en un patrón, no en una anécdota, cuando muchos ciudadanos extranjeros de distintas procedencias tenemos la misma experiencia. Recuerdo estar haciendo cola para retirar mi NIE en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Aluche, un hecho que de por sí ya es violencia psicológica, pues nos obligan a tramitar la tarjeta de residencia en el lugar donde pueden detenerte y encarcelarte. Allí el personal nos gritaba para que guardáramos turno “de forma correcta” bajo el sol abrasador del mes de agosto. En otra ocasión una funcionaria del ayuntamiento nos hablaba con un ritmo más pausado, alegando que los latinos no hablaban ‘español correctamente. Mi lista de agravios podría seguir: he sufrido situaciones de ‘micromachismo’ en una clínica dental en el metro, en el bus…

NG: ¿Ha sido víctima de comentarios sesgados o estereotipados por motivos raciales?
Edith Esp.: Creo que la frase “vete a tu puto país” la hemos sufrido todos los migrantes, incluso la población racializada nacionalizada. También me han dicho que las latinas somos más cariñosas, más entregadas, más calientes, un comentario racista y machista que he tenido que soportar en innumerables ocasiones, así como el mote“panchita”. Me han acusado muchas veces de querer casarme con un español para obtener los papeles.

NG: ¿Qué prejuicios cree que existen hacia la comunidad latina o latinodescendiente en España?
Edith Esp.: La falta de reconocimiento lleva a las comunidades latinas a enfrentarse a la misma pregunta: ¿y tú de dónde eres? ¿pero, de dónde eres realmente? como si los españoles solo pudieran ser blancos. En este sentido, crean un conflicto identitario que hace que no puedas sentirte ni de aquí ni de allí. En mi caso, la ventaja de ser paraguaya es que vengo con mis raíces afianzadas en este “jopará” (mezcla) que es mi cultura, que hablo español y guaraní, un idioma de mi país de origen que llevo con mucho orgullo y que, como decimos en este idioma, me hace ser “kuña mbarete”, que significa "mujer fuerte".

NG: Cuáles cree que son las principales dificultades a las que se enfrenta la población racializada en España? ¿Ha notado algún cambio en los últimos años?
Edith Esp.: Una de las principales barreras a romper es el acceso a puestos de trabajo. Muchas migrantes son inmediatamente descartadas en una entrevista de trabajo por el simple hecho de llevar velo, independientemente del currículum que tengan. Una persona extracomunitaria puede tardar entre 10 y 15 años en abandonar un trabajo precarizado, la mayoría de ellos en el sector servicios. La lucha por la visibilidad y el reconocimiento como sujetos de derechos es nuestro día a día.

"Muchas migrantes son inmediatamente descartadas en una entrevista de trabajo por el simple hecho de llevar velo"

En mayor medida, deberíamos considerar que los cambios han sido en positivo. Sin embargo, lamentablemente, esto no es así. Los discursos de odio han ido escalando. Lo que antes era asco o rechazo ahora son amenazas y violencia física. La estructura normativa al amparo de la Ley de Extranjería señala y valida la persecución de todo que lo se encuadre en la categoría de “otredad”.

NG: ¿Qué medidas cree que podrían contribuir a erradicar esa discriminación?
Edith Esp.: En estos momentos, donde se ha disparado el abuso, tortura, persecusión y encarcelamiento de todo aquel que sea migrante y racializado, debe ir por la abolición de la Ley de Extranjería, que es racista y criminal. Se debe crear un nuevo marco normativo que cambie de paradigma, centrado en los derechos humanos y no en la mercantilización y la explotación de los cuerpos del sur global.

El primer paso sería el de ser valientes y regularizar a más de 600.000 migrantes en situación administrativa irregular, y por supuesto cambiar las leyes. Con esto lograríamos dar un golpe en el tablero y corregir políticas criminales. Esto convertiría a España en un país en el que se respetan los derechos humanos y no en una nación que ha hecho del mar un cementerio de tumbas anónimas.