Toman la iniciativa

Bolivianas, neozelandesas y afganas han logrado grandes avances en el ejercicio del poder político. Pero muchas todavía se enfrentan a resistencias culturales —e incluso a actos violentos— a medida que ganan influencia.

Nueva Zelanda

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Bronwyn Clifford, de 16 años, celebra con otras maoríes el Día de Waitangi, que cada mes de febrero conmemora el tratado de Waitangi, firmado en 1840 por 500 jefes maoríes y los británicos. Gran parte del territorio ancestral se perdió durante la colonización británica del siglo xix. Hoy las maoríes utilizan las redes sociales para movilizar el apoyo a los derechos territoriales de los indígenas y otras reformas.

Foto: Andrea Bruce

La alcaldesa boliviana fue dada por muerta.

Era el 6 de noviembre de 2019 y el consistorio estaba en llamas, incendiado tras las polémicas elecciones presidenciales de octubre y las protestas que derrocaron al presidente socialista Evo Morales. La alcaldesa María Patricia Arce Guzmán, de 48 años, militante del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), escapó de la humareda e intentó esquivar a la agresiva turbamulta concentrada en el exterior.

Afganistán. Latifa Muhsini, de 35 años, es la vicegobernadora de la provincia de Bamiyán. Actualmente tiene homólogas en cinco de las 34 provincias afganas. En la imagen, Muhsini, comprometida con la protección medioambiental de su provincia, disfruta de su paseo semanal por Band-e-Amir, el primer parque nacional del país, con su marido (en el centro) y un amigo del matrimonio.

Afganistán. Latifa Muhsini, de 35 años, es la vicegobernadora de la provincia de Bamiyán. Actualmente tiene homólogas en cinco de las 34 provincias afganas. En la imagen, Muhsini, comprometida con la protección medioambiental de su provincia, disfruta de su paseo semanal por Band-e-Amir, el primer parque nacional del país, con su marido (en el centro) y un amigo del matrimonio.

Foto: Andrea Bruce

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Con una rodilla lesionada, corrió con dificultad por las calles de Vinto, la ciudad del departamento de Cochabamba, en el centro del país, cuya alcaldía ocupaba desde junio de 2015. Perdió los zapatos, pero no se detuvo. «Entonces me agarraron y empezaron a gritarme asesina», me relató Arce. Y ahí comenzó un tormento que duraría horas.

Los exaltados la rociaron con gasolina. Olía a orina y lejía. Pateada, apaleada y apedreada, la alcaldesa fue arrastrada descalza hasta el lugar donde un joven de 20 años llamado Limberth Guzmán Vásquez había perdido la vida en los enfrentamientos entre los izquierdistas partidarios del presidente derrocado y sus adversarios de la derecha. Los manifestantes anti-Morales acusaban a Arce de financiar y apoyar a los izquierdistas implicados en los actos violentos que habían acabado con la vida del joven. «Pensé que iban a matarme, a prenderme fuego», dice Arce.

Bolivia. La alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce Guzmán, de 48 años, fue agredida durante las violentas protestas que siguieron a las elecciones de 2019. Cree que se cebaron con ella por ser mujer y por apoyar programas de empoderamiento femenino.

Bolivia. La alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce Guzmán, de 48 años, fue agredida durante las violentas protestas que siguieron a las elecciones de 2019. Cree que se cebaron con ella por ser mujer y por apoyar programas de empoderamiento femenino.

Foto: Andrea Bruce

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Un hombre le derramó encima pintura roja. Una mujer le cortó la melena de color miel que le llegaba hasta la cintura. «Sentía como si me estuviera arrancando el cuero cabelludo». Desde la muchedumbre algunos gritaron que matarían a sus dos hijos. Otros la conminaban a dimitir y a denunciar al expresidente Morales, que había sido declarado vencedor de las elecciones entre acusaciones de fraude electoral. Tras perder el apoyo del Ejército y la policía, Morales dimitió.

Por las redes sociales circularon vídeos de Arce, angustiada pero desafiante, rodeada de manifestantes enmascarados. «¡No me voy a callar! –decía en una grabación–. ¡Y si quieren matarme, que me maten!». Al final unos desconocidos se la llevaron en motocicleta y la entregaron a la policía para que la protegiera.

La agresión perpetrada contra Arce reflejaba la profunda división imperante en el panorama político boliviano. Pero también arrojaba luz sobre una contradicción: Bolivia es famosa por fomentar la representación femenina en sus Gobiernos nacionales y locales, pero al mismo tiempo es uno de los lugares más peligrosos de América del Sur para ser mujer. Presenta la tasa más elevada de feminicidios de todo el continente: 2,3 asesinatos por cada 100.000 mujeres en 2018. En 2019 fueron asesinadas 117. Se calcula que el 70 % de las bolivianas han sido objeto de agresiones físicas o sexuales.

Bolivia. La mayoría de los expedientes de las estanterías del despacho del forense de El Alto corresponden a casos recientes de maltrato doméstico. Las mujeres hacen cola a las puertas de este negociado los lunes por la mañana, cuando sus parejas han vuelto al trabajo, para denunciar los incidentes.

Bolivia. La mayoría de los expedientes de las estanterías del despacho del forense de El Alto corresponden a casos recientes de maltrato doméstico. Las mujeres hacen cola a las puertas de este negociado los lunes por la mañana, cuando sus parejas han vuelto al trabajo, para denunciar los incidentes.

Foto: Andrea Bruce

Por eso Arce y muchas otras mujeres políticas de Bolivia afirman que aquella agresión hundía parte de sus raíces en la cultura del machismo, una versión virulenta del omnipresente sesgo que pone palos en las ruedas de las dirigentes políticas de todo el mundo, incluidos países como Bolivia, donde la ley exige desde 2010 que las mujeres ocupen como mínimo la mitad de las candidaturas de los partidos a las elecciones federales, estatales y locales. Las mujeres ocupan hoy el 53 % de los escaños del Parlamento nacional.

Cuando Arce fue agredida, en Cochabamba había otras tres alcaldesas, también militantes del MAS. Ella fue la única agredida físicamente, y sospecha que fue en venganza por haber defendido programas de empoderamiento de las mujeres: formación ocupacional con clases como cestería o cocina, encaminados a fomentar su independencia económica. Algunos hombres no vieron con buenos ojos aquellas iniciativas, afirma.

Sus detractores la acusan de desviar recursos públicos para incitar a la violencia, algo que ella niega. «Aquí hay muchísimo machismo –asegura–. Creo que quisieron darme un escarmiento y ejemplarizar conmigo».

Arce regresó a su despacho semanas después de la agresión para completar un mandato que concluiría el 30 de mayo de 2020. Una templada mañana de diciembre se sentó al escritorio, el cabello creciendo de nuevo, recuperado su tono castaño oscuro natural. «El miedo siempre está ahí –me confesó–. Aquí no me siento protegida».

Bolivia. Familiares de víctimas de feminicidios protestan en enero de 2020 ante el palacio presidencial de La Paz. La presidenta interina Jeanine Áñez Chávez ha instado a modificar una ley que favorece a los agresores en casos de violencia contra las mujeres.

Bolivia. Familiares de víctimas de feminicidios protestan en enero de 2020 ante el palacio presidencial de La Paz. La presidenta interina Jeanine Áñez Chávez ha instado a modificar una ley que favorece a los agresores en casos de violencia contra las mujeres.

Foto: Andrea Bruce

Las ventanas del despacho, reventadas en las revueltas, seguían tapadas con lonas de plástico que ondeaban con la brisa. Fotografías de Morales adornaban las paredes. No había imágenes de su sucesora más conservadora, Jeanine Áñez Chávez. «Las mujeres hemos luchado por tener un espacio [político] y no podemos renunciar a él –me dijo entre lágrimas, refiriéndose a su puesto de alcaldesa–. Si me marcho y ganan ellos, ¿qué mensaje estaría enviando al pueblo, a las mujeres a las que siempre animo a seguir adelante?».

A través de la historia y en todo el mundo, las mujeres con voluntad de ejercer el poder político se han topado con resistencias, desde las habladurías hasta el asesinato. Se han anotado importantes victorias, pero siguen dándose de bruces con las barreras de siempre, también en aquellos países que les han otorgado mayor voz a la hora de gobernar. En más de la mitad de los países del mundo, entre ellos Bolivia y Estados devastados por conflictos, como Afganistán e Iraq, las cuotas de género en los órganos legislativos garantizan hoy formalmente la participación política femenina. Pero las cuotas tienen sus limitaciones. Hay quien las ha tachado de antidemocráticas y discriminatorias en el seno de democracias liberales, con el argumento de que socavan el principio del mérito al favorecer a las mujeres en detrimento de los hombres sin más criterio que el género. Y, al igual que en Bolivia, las cuotas no impiden que la crítica a las mujeres que ocupan altos cargos desprendan en ocasiones un tufo machista.

También existen desigualdades estructurales históricas en los sistemas políticos basados en el mérito y la neutralidad de género. Los sistemas sin cuotas –es el caso de Estados Unidos– pueden favorecer a los colectivos dominantes, como el de los hombres, los blancos o los económicamente favorecidos. Si superar las barreras de acceso a la política es un reto, ejercer el poder una vez obtenido no lo es menos. Incluir mujeres en un partido o en un Parlamento puede quedarse en un mero paripé de cara a la galería en caso de que las políticas sean más una imagen que una voz. Otra cuestión peliaguda es qué mujeres tienen acceso a las altas instancias del poder y hasta qué punto representan a todas las demás. Pese a la intimidación, la violencia y otras barreras, en todo el planeta hay mujeres que no se dejan amilanar en su empeño de obtener y reforzar su poder político.

Bolivia. Judith Yolanda Quintana Vega (a la izquierda) reza con su hermana, Estela, en el lugar donde apareció el cadáver de su hija, Abigail Quintana, de 18 años. Las hermanas han fundado un grupo para pedir que se haga justicia a las víctimas  de feminicidios.

Bolivia. Judith Yolanda Quintana Vega (a la izquierda) reza con su hermana, Estela, en el lugar donde apareció el cadáver de su hija, Abigail Quintana, de 18 años. Las hermanas han fundado un grupo para pedir que se haga justicia a las víctimas de feminicidios.

Foto: Andrea Bruce

Algunos gobiernos han dado pasos significativos en la participación de la mujer en la vida política sin pasar por el establecimiento de cuotas obligatorias. Nueva Zelanda, que en 1893 fue el primer país del mundo en aprobar el sufragio femenino, ocupa el puesto número 20 en la lista de inclusión parlamentaria femenina. Estados Unidos, en contraste, ocupa la posición 81, según la Unión Interparlamentaria, una organización mundial de Parlamentos con sede en Suiza. Pero acceder al poder no es más que el principio. Hay países donde la presencia de mujeres en los despachos donde se toman las decisiones no se traduce en mayor igualdad de género para las ciudadanas. En algunos casos, como el de las parlamentarias iraquíes, estar en el poder no significa tener poder.

Iraq fue en su día punta de lanza de Oriente Próximo en materia de derechos de la mujer. La Ley del Estatuto Personal de 1959 restringía la poligamia y el matrimonio infantil, prohibía los matrimonios forzosos y mejoraba los derechos de las mujeres en materia de divorcio, custodia de los hijos y sucesión hereditaria. La Constitución de 1970, redactada por el laico Partido Baaz de Saddam Hussein, consagraba la igualdad de derechos para toda la ciudadanía. Los niveles de alfabetismo, estudios y empleo de las mujeres se impulsaron activamente con políticas generosas como la gratuidad del cuidado infantil y bajas de maternidad remuneradas de seis meses de duración.

Aquel impulso perdió fuelle con la llegada de las sanciones internacionales y décadas de guerra. Hussein fue un dictador homicida y brutal, pero en 2003 su caída abrió la puerta al ascenso de parlamentarios y clérigos conservadores que en el ínterin han procurado minar, sin prisa pero sin pausa, los derechos de las mujeres. Los partidos políticos religiosos «realmente no creen en la presencia femenina en las altas esferas políticas», dice Hanaa Edwar, quien lleva más de 50 años trabajando en defensa de los derechos humanos.

Nueva Zelanda. De izquierda a derecha, las guardas maoríes Huhana Tukaki, Wiki Todd y Maryann Vogt disfrutan de un momento de relax en el Día de Waitangi de 2020. Unas 900 guardas voluntarias ayudan a preservar la salud y seguridad de las comunidades indígenas.

Nueva Zelanda. De izquierda a derecha, las guardas maoríes Huhana Tukaki, Wiki Todd y Maryann Vogt disfrutan de un momento de relax en el Día de Waitangi de 2020. Unas 900 guardas voluntarias ayudan a preservar la salud y seguridad de las comunidades indígenas.

Foto: Andrea Bruce

La Constitución iraquí posterior a 2003 reserva una cuarta parte de los escaños parlamentarios a la representación femenina. Sin embargo, como saben las mujeres de cualquier parte del mundo, una cosa es estar en una sala y otra bien distinta, ser escuchada. Noora al-Bajjari, diputada electa de Mosul desde 2010, afirma que los bloques y partidos religiosos que dominan el Parlamento «consideran que las mujeres están ahí simplemente para que salgan las cuentas, nunca para participar de verdad en la toma de decisiones de calado».

No hay ministras en el Gobierno iraquí ni mujeres en otros altos puestos gubernamentales, y Al-Bajjari afirma que las parlamentarias de Iraq no son aliadas. «Las cosas como son: las mujeres no nos apoyamos unas a otras ni a nosotras mismas. Hay un elemento de celos, egoísmo y rivalidad».

Si las 84 legisladoras de Iraq se uniesen, podrían formar un bloque importante dentro de un Parlamento que suma 329 escaños, apunta Edwar. Hasta 2018 habían fracasado todos los intentos de formar un caucus (un grupo de trabajo o comisión) femenino en dicha cámara. Edwar, cofundadora de varios colectivos, trata de cambiar las actitudes parlamentarias mediante talleres para legisladores de ambos sexos centrados en el empoderamiento político y los problemas de las mujeres. «No estamos aquí para confrontar, sino que intentamos abrir un canal de cooperación incluso con quienes discrepan de nuestras posiciones», dice.

Y empieza a ver resultados. «Algunos de ellos eran muy religiosos y han empezado a pensar de otra forma –añade–. Pero el problema no es generar el cambio en sí, sino la opinión de quienes se oponen a él desde arriba. Son una pequeña minoría, pero extremadamente agresiva, que […] trata de acallar las voces de los demás».

Nueva Zelanda. La diputada Kiritapu Allan asiste al Mataatua Kapa Haka, un concurso de artes escénicas, con su hija, Hiwaiterangi Allan-Coates. Allan afirma que su prioridad es defender a quienes viven en comunidades remotas y rurales y a otras personas que a menudo no tienen voz.

Nueva Zelanda. La diputada Kiritapu Allan asiste al Mataatua Kapa Haka, un concurso de artes escénicas, con su hija, Hiwaiterangi Allan-Coates. Allan afirma que su prioridad es defender a quienes viven en comunidades remotas y rurales y a otras personas que a menudo no tienen voz.

Foto: Andrea Bruce

Se refiere a personas como los parlamentarios conservadores que en 2014 apoyaron una proposición de ley conocida como la ley Jaafari. Entre sus 254 artículos se incluía una provisión que legalizaba el matrimonio de las niñas desde los nueve años, mientras que otra estipulaba que el esposo no estaba obligado a mantener económicamente a la esposa si esta era demasiado joven o demasiado mayor para procurarle satisfacción sexual. El activismo en defensa de los derechos de la mujer encabezó la oposición a la proposición de ley y logró retirarla de la agenda parlamentaria.

«Articulamos el rechazo de la opinión pública –dice Edwar–. Para mí fue una enorme satisfacción que no solo nuestras voces, sino también […] la voz de la opinión pública iraquí clamase con fuerza contra aquello. Ese fue el momento más feliz».

Las mujeres de Afganistán, como las de Iraq, han sufrido décadas de guerra, intervenciones militares extranjeras, el auge, la caída y el resurgimiento de islamistas de línea dura como los talibanes y el ascenso rampante de la inestabilidad política y la inseguridad. Sin embargo, a diferencia de las parlamentarias iraquíes –que tardaron en constituir una asamblea femenina–, algunas de las diputadas afganas establecieron un caucus formado por mujeres hace más de una década. El 27 % –68 de los 249 escaños de la Cámara Baja afgana– están reservados a la representación femenina.

Shinkai Karojail fue elegida diputada por Kabul, la capital del país, en 2005. Su labor fue fundamental para la constitución del caucus femenino, espoleado por una proposición de ley conocida como la Ley del Estatuto Personal Chiita. Por su contenido se asemejaba a la ley Jaafari iraquí. «Era un espanto», dice Karojail acerca de su articulado.

«El problema estribaba en que los principales decisores de esta sociedad son hombres; aunque las mujeres lleguemos a ejercer de políticas, la primera y la última palabra siguen teniéndola ellos –afirma Karojail, quien recibió amenazas de muerte por oponerse a la propuesta de ley–. Me vi sometida a una gran presión. Restringí mis movimientos e iba con escolta. Fue una época terrible».

Nueva Zelanda. La primera ministra Jacinda Ardern se dirige al Parlamento de Nueva Zelanda en febrero. En marzo, en plena crisis  de la COVID-19, anunció sin que le temblase la mano el confinamiento estricto de la nación. «Soy perfectamente consciente de la magnitud de este momento –dijo–. Kiwis, quedaos en casa. Sed fuertes y sed amables».

Nueva Zelanda. La primera ministra Jacinda Ardern se dirige al Parlamento de Nueva Zelanda en febrero. En marzo, en plena crisis de la COVID-19, anunció sin que le temblase la mano el confinamiento estricto de la nación. «Soy perfectamente consciente de la magnitud de este momento –dijo–. Kiwis, quedaos en casa. Sed fuertes y sed amables».

Foto: Andrea Bruce

Las diputadas tan solo suponen dos docenas de las aproximadamente 150 mujeres que forman el caucus parlamentario femenino, compuesto por mujeres de la sociedad civil, la magistratura y los medios de comunicación. «Lo más importante fue que nos mantuvimos unidas y nos preguntamos: “¿Cuál es nuestra prioridad?” –dice Karojail–. Si estás en el Parlamento, tienes obligaciones y es imperativo cumplirlas. Debemos trabajar por las mujeres de Afganistán».

La propuesta fue enmendada y, pese a las continuas protestas del activismo femenino, la ley entró en vigor en 2009, el mismo año que la Ley de Eliminación de Violencia contra las Mujeres, defendida por el caucus femenino.

Las afganas se enfrentan hoy a un reto que no les es desconocido: el retorno de los talibanes y sus actitudes de represión de la mujer. En 2001 el Gobierno talibán fue derrocado en una invasión liderada por Estados Unidos a raíz del 11-S, en represalia por dar refugio en Afganistán al jefe de Al-Qaeda, Osama bin Laden. En febrero de 2020, Estados Unidos firmó un acuerdo de paz con los talibanes para dar carpetazo a 18 años de guerra. No está claro qué grado de influencia conservan los talibanes en el seno de un país devastado por la guerra ni cómo pretenden utilizarla cuando se retiren las tropas estadounidenses.

Las afganas afrontan un nuevo reto. Temen perder los derechos que se granjearon en 2001 tras la caída del Gobierno talibán de línea dura.

«Todavía no sabemos qué quieren los talibanes que nosotras perdamos y sacrifiquemos –dice Karojail, apuntando que las afganas no tuvieron voz ni voto en las conversaciones de paz entre Estados Unidos y los talibanes–. Las mujeres siempre hemos salido perdiendo en la guerra, y ahora no queremos salir perdiendo en el acuerdo de paz. No nos oponemos a la paz. No tenemos nada en contra de que los talibanes se reincorporen a [la política de] Afganistán si eso supone el final de esta interminable guerra». Pero «las mujeres de hoy no son las de ayer». Las mujeres, dice, merecían ser partícipes de las negociaciones.

Jamila Afghani, prominente activista de los derechos de la mujer y erudita islámica, fue una de las pocas mujeres a las que concedieron audiencia los talibanes. Integraba la delegación femenina que se reunió con los gerifaltes talibanes implicados en las conversaciones de paz el pasado verano en la capital de Qatar, Doha. Las 11 mujeres formaban parte de un colectivo de activistas civiles.

«Por desgracia, en el transcurso de las reuniones formales no hubo ocasión de tratar» los derechos de la mujer, pero «sacamos a colación el tema en los recesos y pausas para comer», explica.

Afghani regresó de las dos jornadas de reuniones con preocupación. «Los talibanes anunciaron que aceptarán los derechos y deberes que asigna la sharía a las mujeres» o, para ser más precisos, con su propia interpretación de esos derechos, que Afghani considera «totalmente inaceptable y antiislámica» por su restricción de la mujer. «No podemos retroceder a lo que había antes, durante el régimen talibán –insiste–. Prohibían a las mujeres estudiar y trabajar. No podemos consentirlo».

Afganistán. Maryam Sama, diputada de 28 años y miembro del caucus (grupo de trabajo o comisión) femenino, abandona el Parlamento el 9 de diciembre de 2019, fecha en que el órgano aprobó por la mínima una ley de protección de los derechos infantiles. «Somos las mujeres que crecimos después de la guerra, somos la nueva generación, tenemos exigencias», declaró.

Afganistán. Maryam Sama, diputada de 28 años y miembro del caucus (grupo de trabajo o comisión) femenino, abandona el Parlamento el 9 de diciembre de 2019, fecha en que el órgano aprobó por la mínima una ley de protección de los derechos infantiles. «Somos las mujeres que crecimos después de la guerra, somos la nueva generación, tenemos exigencias», declaró.

Foto: Andrea Bruce

Desde la caída de los talibanes en 2001, Afghani ha trabajado para empoderar a las mujeres a través del islam, educando a unos 6.000 imanes de todo el país en cuestiones de derechos de la mujer por medio de su Organización Noor por el Desarrollo Educativo y de Capacidades. También ha alfabetizado y dado formación religiosa a alrededor de 50.000 mujeres y niñas. Dice haber sido amenazada por los talibanes «muchas, muchísimas veces» y que en los dos últimos años ocho de los imanes de su red han sido asesinados. Quiere que otras activistas «que conocen el islam» colaboren para presentar interpretaciones de la sharía que constituyan alternativas a la versión de los talibanes.

Pero Karojail afirma que Afghani y sus ideas no la representan. Dice que Afghani tiene «una mentalidad diferente» a la de la mayoría de las afganas, y añade que aun siendo importante que las mujeres estuviesen presentes en las conversaciones de paz con los talibanes, «¿de qué mujeres estamos hablando? […] No puede ser que se convoque a una élite política minoritaria […] y luego se diga: “Las mujeres ya están representadas”».

No es la primera vez que Afghani se enfrenta a esta crítica. «A veces me pregunto cuál es mi espacio –dice–. La sociedad civil es moderada; la sociedad civil cree que soy conservadora o islamista, y algunos islamistas dicen que estoy introduciendo un islam nuevo. Yo no puedo representar a todo el mundo, pero tengo claro que sí puedo representar a un gran número de mujeres que creen en los valores islámicos».

Es esta una cuestión que incluso las democracias occidentales de raigambre progresista y contexto pacífico como Nueva Zelanda han tenido que abordar: ¿qué mujeres tienen voz, desde qué comunidades toman la palabra, en nombre de quién hablan? La actual primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, de 39 años, es la tercera mujer en el cargo, siguiendo el camino abierto por Jennifer Shipley en 1997 y Helen Clark dos años después. Nueva Zelanda nunca ha elegido para el cargo de primer ministro a alguien –ni hombre ni mujer– perteneciente a la población indígena maorí, que supone un 16,5 % de los casi cinco millones de habitantes del país. Los maoríes están presentes en el Parlamento desde 1868, cuando la Ley de Representación Maorí de 1867 designó cuatro escaños electos reservados a maoríes de entre los 120 que componen la Cámara de Representantes, con 71 escaños ocupados por elección y 49 por designación de los partidos. Hoy, más de 150 años después, se sientan en la Cámara siete maoríes electos de un total de 29 miembros maoríes, 11 de ellos mujeres.

Los maoríes neozelandeses se granjearon sus derechos forzando a los colonizadores británicos a firmar un acuerdo, el Tratado de Waitangi de 1840. Hay pendientes cientos de denuncias presentadas por maoríes que consideran infringido el acuerdo. En 1877 el tratado fue declarado nulo por el presidente del Tribunal Supremo de Nueva Zelanda. No fue reconocido hasta la década de 1970.

Antes de la colonización, las mujeres maoríes «compartían con los hombres un poder igualitario pero complementario», dice Margaret Mutu, profesora de estudios maoríes de la Universidad de Auckland, presidenta del Parlamento de su iwi indígena y líder tribal del pueblo ngati kahu, al que pertenece. Las mujeres, dice, eran responsables del bienestar espiritual de su pueblo, mientras que los hombres se ocupaban del mundo físico.

«En lo relativo a la toma de decisiones y el ejercicio del poder, las mujeres desempeñaban un papel esencial», explica. Y añade que las tradiciones patriarcales occidentales de los colonizadores, concretamente el cristianismo, «hicieron un daño enorme a ese sistema».

Afganistán. Zarifa Ghafari, de 28 años, es una de las pocas alcaldesas de Afganistán. Gobierna en la provincia de Wardak, un bastión talibán. Por su seguridad pernocta en Kabul. El riesgo sigue ahí: en marzo salió ilesa de un ataque perpetrado por hombres armados.

Afganistán. Zarifa Ghafari, de 28 años, es una de las pocas alcaldesas de Afganistán. Gobierna en la provincia de Wardak, un bastión talibán. Por su seguridad pernocta en Kabul. El riesgo sigue ahí: en marzo salió ilesa de un ataque perpetrado por hombres armados.

Foto: Andrea Bruce

A finales del siglo XIX las maoríes hicieron campaña en favor del sufragio femenino tanto activo como pasivo. «Las maoríes jamás interiorizaron que ellas no tenían voz ni voto, algo que las blancas sí tenían asumido», dice Mutu.

En muchos sentidos, la cultura maorí se ha generalizado, aunque la asimilación también puede ser una manifestación de colonialismo. Entre la población no maorí se han extendido saludos maoríes como kia ora, y a los escolares se les enseña la danza guerrera haka. Pero pese a la apariencia de integración, las relaciones comunitarias entre algunos maoríes y no maoríes son complicadas, con disputas pendientes sobre derechos territoriales y acusaciones de que el Estado ha discriminado a las mujeres de la etnia indígena.

Kiritapu Allan, de 36 años, fue designada por el Partido Laborista, en el que milita, y es una de los 29 maoríes presentes en la Cámara de Representantes. Recuerda cruzar Wellington haciendo autostop a los 17 años para llegar a coger el ferry que la llevaría a la recogida de la cereza. También recuerda contemplar el edificio del Parlamento, conocido como la Colmena, y asombrarse de hasta qué punto le eran ajenos «aquellos despachos o cámaras de poder –cuenta–. ¿Cómo me representan a mí las personas que hay ahí dentro? ¿Comprenden a las personas como nosotros?».

Allan retomó los estudios y se matriculó en derecho y ciencias políticas. Se afilió al Partido Laborista de Ardern estando en la universidad e hizo prácticas en la oficina de Helen Clark, a la sazón primera ministra. Siendo una mujer maorí joven procedente de un entorno modesto de clase obrera, además de una madre casada con otra mujer, Allan explica que si en 2017 llegó al Parlamento fue gracias a la suma de suerte y trabajo, sin que su ascenso se viese favorecido por medidas como el sistema de cuotas. «Si eres joven e indígena, o joven y étnica, o joven y mujer, si llevas una existencia desprovista de privilegios, tendrás que superar obstáculos significativos», asegura.

Los partidos de Nueva Zelanda aplican cuotas voluntarias. En 2013 el Partido Laborista fue el primero en introducir un sistema de cuotas de género para garantizar que la mitad de sus diputados fuesen mujeres. En 2015 el Partido Verde anunció que la mitad de sus carteras ministeriales estarían en manos femeninas.

La primera ministra Jacinda Ardern saltó a los titulares por ser una mujer embarazada y soltera al mando de un país. Cuando Allan llevó al Parlamento a su bebé de cuatro meses, cuenta, «hubo críticas furibundas. ¿Cómo se atreve una madre a presentarse en el Parlamento criando a su hijo? –recuerda–. Si queremos fomentar que cada vez más mujeres se incorporen no solo al mercado laboral, sino a puestos de poder y liderazgo, nosotras deberemos tomar la iniciativa y presentar al mundo la imagen de esta realidad».

Afganistán. Han terminado los exámenes finales en la escuela secundaria Zarghona de Kabul, uno de los mayores centros femeninos del país, con más de 8.500 alumnas y  230 docentes. Su directora,  Nasreen Noorzai, teme que los talibanes recobren el poder y nieguen la educación a las niñas.

Afganistán. Han terminado los exámenes finales en la escuela secundaria Zarghona de Kabul, uno de los mayores centros femeninos del país, con más de 8.500 alumnas y 230 docentes. Su directora, Nasreen Noorzai, teme que los talibanes recobren el poder y nieguen la educación a las niñas.

Foto: Andrea Bruce

En 2017, en su conmovedora alocución inicial a la Cámara, envuelta en el manto korowai de plumas de kiwi que pertenece a su familia, Allan recordó cómo su abuela, de quien ha heredado el nombre, recibía castigos en el colegio por hablar su lengua materna y cómo convirtieron su nombre, Kiritapu, en Kitty.

«La escuela aniquiló la identidad cultural de mi abuela, y con ello, de algún modo, silenció también su voz. Por eso hoy, abuela, me presento en esta Cámara para honrar tu nombre, para dar voz a quienes no la tienen, a quienes por cualquier motivo no pueden hablar en su propio nombre», dijo Allan en su discurso. Es un legado colosal que Allan considera parte clave de su misión.

Los problemas que identificaba en las leyes, los derechos humanos, la autoridad pública y el impacto de todo ello sobre las comunidades indígenas la movieron a hacerse abogada primero y política después. «Fueron el germen de una carrera profesional dedicada a comprender a fondo la ley y sus aplicaciones, para aprender a utilizarla no como herramienta de opresión, sino de liberación o, al menos, de restricción de la opresión».

Pero el papel de las leyes es limitado. Las reformas legislativas no son infalibles, máxime si las actitudes sociales no cambian en consonancia o si la aplicación de las leyes existentes es laxa. En teoría, la Constitución boliviana de 2009 garantiza la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Leyes como la 348/2013 tipifican la violencia contra las mujeres y establecen para el feminicidio penas de 30 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional. Pero a la hora de la verdad su aplicación es marginal. Menos del 4 % de los casos de feminicidio culminan en condena.

En abril de 2019, Shirley Franco Rodríguez, una parlamentaria de 32 años con un alto cargo en el partido Unidad Demócrata y presentada como candidata a la vicepresidencia, reclamó el establecimiento de una comisión de investigación sobre los retrasos judiciales en casos de feminicidio y violación. «El principal problema es que hay leyes, hay derechos, hay sanciones, pero no hay mecanismos para imponer su cumplimiento», dice.

La violencia contra las mujeres políticas es tan generalizada que en 2012 Bolivia aprobó una ley pionera para combatirla. La Ley 243 tipifica acciones tales como difundir información falsa sobre mujeres políticas para desacreditarlas o, como en el caso de la alcaldesa Arce, coaccionar a una mujer para que dimita de un cargo electo y agredirla físicamente. Arce ha interpuesto una denuncia formal, pero no sabe si se le hará justicia.

La violencia contra las mujeres políticas es tan ubicua en Bolivia que en 2012 se aprobó una ley diseñada para combatirla.

En 2019, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, una entidad sin ánimo de lucro para la defensa de los derechos políticos de las mujeres, recibió 127 denuncias de acoso e intimidación en sus diversas manifestaciones. En 2018 fueron 117; el año anterior, 64.

Bernarda Sarué Pereira, directora ejecutiva de esta organización, sospecha que la cifra real es mucho mayor, pero que muchas mujeres se abstienen de denunciar por miedo. «Desde que la mujer denuncia, la persecución a la que se ve sometida se redobla, se multiplica el acoso, se la estigmatiza», declara. En los 339 municipios bolivianos hay solo 33 alcaldesas, 11 de las cuales han cursado denuncias. Las bolivianas víctimas de esta lacra trabajan en todos los niveles del escalafón político, incluido el propio Parlamento, desde uno hasta el otro lado del espectro político. El acoso no se circunscribe a una zona geográfica o a una etnia concreta en un país donde en torno al 48 % de la población es de origen indígena. La única coincidencia es que son «mujeres que ejercen el poder político», dice Pereira.

A algunas alcaldesas, como es el caso de Bertha Eliana Quispe Tito, se les ha impedido la entrada a su lugar de trabajo, se las ha agredido físicamente, se las ha amenazado con ir a por su familia. Quispe tenía 27 años cuando en 2015 se convirtió en la primera mujer al frente del consistorio de Collana, una pequeña población rural de unos 5.000 habitantes de su etnia indígena aimara. Militante del MAS, afirma que sus problemas empezaron cuando se movió para regular la explotación local de piedra caliza. Una noche de septiembre de 2016, al salir de su despacho, recibió una paliza a manos de unos enmascarados.

«Me dijeron que si no dimitía, mis hermanas pagarían las consecuencias –relata Quispe–. Cuatro colegas del consistorio fueron secuestrados para presionarla a retirar su denuncia por agresión. Lo hizo, y los cuatro fueron liberados, pero no se imputó a nadie. Las puertas del edificio en el que trabajaba aparecieron tapiadas y tuvo que marcharse a otra ciudad por su seguridad. Aún no ha decidido si concurrirá de nuevo a las elecciones.

La alcaldesa aimara de El Alto, Soledad Chapetón Tancara, tiene 39 años y está en el extremo opuesto del espectro político. Militante del Frente de Unidad Nacional, desplazó del cargo al alcalde del partido rival, el MAS, e hizo bandera de la lucha contra la corrupción en su ciudad, que con un millón de habitantes es la segunda más grande de Bolivia. Chapetón da gracias de no haber estado en el edificio consistorial el 17 de febrero de 2016, cuando un incendio provocado acabó con la vida de seis funcionarios. Cree que la buscaban a ella por su gestión contra la corrupción. El pasado mes de octubre, tras las controvertidas elecciones a la presidencia, Chapetón fue víctima de una nueva agresión porque, según explica, «mucha gente dijo que por mi culpa el MAS había perdido votos en El Alto». Incendiaron la alcaldía y la vivienda en la que ella convive con sus padres. Se ha trasladado a un despacho provisional y su familia tuvo que mudarse a varios lugares que mantienen en secreto. Chapetón consulta el móvil en busca de las amenazas que recibe a diario por WhatsApp. Va a «pagar por sus pecados», reza una. «Esta puta está haciendo todo esto […]. Vamos a tomar la alcaldía, la mayoría de las áreas, para neutralizarlos», dice otro mensaje. «¡Queremos que se vaya!».

Chapetón no tiene intención de irse. «En ningún momento tuve la más mínima duda –asegura–. Sabía que estaba haciendo bien las cosas».

Rania Abouzeid escribió sobre el creciente poder de las mujeres de Ruanda y del mundo en el número de National Geographic de noviembre de 2019. La fotoperiodista Andrea Bruce ha trabajado durante años en algunos de los países más problemáticos del mundo.

Ver gráfico "Mudando el rostro de la política".

Este artículo pertenece al número de Junio de 2020 de la revista National Geographic.

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