La destrucción de los productos no perecederos -tanto los que se desechan al tiempo de usarse como los excedentes de producción- cuesta a la economía francesa unos 650 millones de euros al año, según cálculos del Ejecutivo del país. Para poner freno a ese derroche, el Gobierno ha diseñado un nuevo plan que obligará a las empresas a destruir todo aquello que no se venda, desde ropa hasta productos higiénicos, cosméticos o electrodomésticos. La medida, anunciada ayer por el primer ministro Édouard Philippe, se enmarca en un nuevo proyecto legislativo impulsado por la Secretaría de Estado de Transición Ecológica que promueve el desarrollo de la economía circular.
“No es necesario este despilfarro. Es posible encontrar un nuevo modelo económico viable, en que todo lo que se venda no acabe en la basura, sino que sea donado para favorecer a la economía social y solidaria, o transformado en piezas de recambio para recomponer otros productos, alargando así su vida útil”, subrayó ayer el Primer Ministro francés, Édouard, Phillipe, durante la presentación de la medida.
El Gobierno de Francia pretende transformar completamente la economía productiva del país con una nueva ley que promueva en todo lo posible la donación o el reciclaje y combata la sobreproducción. Aunque las medidas planteadas no son nuevas, su puesta en marcha acarreará un coste para la industria, que deberá reducir significativamente sus stocks y y costear el reciclaje del excedente so pena de multa.
La destrucción de productos no perecederos cuesta a la economía francesa unos 650 millones de euros al año. El objetivo de la medida es apoyar la idea de Economía Circular.
Más impuestos verdes
La nueva propuesta, que se prevé entre en vigor en 2023, plantea además repercutir a las empresas el coste ecológico de sus actividades. En primer lugar, según el Ministerio de transición ecológica, se obligará a los fabricantes a incorporar un mínimo de materiales reciclables en sus productos. Además, según avanza el diario Libération, el ministerio de Transición Ecológica y Solidaridad prevé inculcar a las compañías lo que llama “principio de responsabilidad de alargar la vida del producto por parte del productor” (REP), por sus siglas en francés, un nuevo concepto que el Ejecutivo pretende poner en práctica aumentando el número de industrias sujetas a la ‘eco-contribución’. La tasa, puesta en marcha en Francia por primera vez en 2004, en el sector de los neumáticos, permite al Estado financiar un organismo público encargado de los desechos industriales.
En concreto, el Gobierno planeta incluir en esta obligación fiscal productores de artículos difíciles de reciclar, como pueden ser las toallitas mojadas, algunos materiales de construcción o las piezas procedentes de los desguaces de vehículos. Además, la medida contemplaría la creación de un sistema de ‘bonus-malus’, bonificaciones o aumento de las primas, en función de la responsabilidad medioambiental de cada fabricante.
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