Insurgencia naxalita

La guerra secreta de la India

Los militantes maoístas han hecho de las selvas carboníferas su trinchera por la vía de la violencia y la extorsión.

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El minero Ajay Marijan acarrea carbón desde una mina a cielo abierto hasta el camión que aguarda en Bokapahari, una aldea del estado indio de Jharkhand.

Foto: Lynsey Addario

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Dos mujeres posan frente a una escena pintada como telón de fondo durante las fiestas de Orchha, una aldea del área boscosa de Abujmahr (estado de Chhattisgarh), principal bastión de los rebeldes maoístas conocidos como naxalitas.

Foto: Lynsey Addario

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En un restaurante improvisado, los hombres preparan el desayuno para los obreros que fichan en el turno matutino de la central termoeléctrica de carbón de Jindal Tamnar, en el distrito de Raigarh (estado de Chhattisgarh).

Foto: Lynsey Addario

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En Heso, una aldea de Jharkhand, un hombre subido al remolque de un camión recoge el cadáver de su hijo adolescente, Nakul Munda. Los naxalitas lo mataron a tiros por ser un supuesto informador policial.

Foto: Lynsey Addario

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Sus padres eran cazadores. Hoy estos trabajadores adivasi de la mina de Urimari cargan el carbón en los camiones a paladas. Su jungla y sus tradiciones están amenazadas por la creciente demanda del sector de la energía en la India.

Foto: Lynsey Addario

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Un niño adivasi con malnutrición severa es llevado en brazos por su madre en un centro de alimentación de Hazaribag. Entre los niños adivasi la anemia y la tuberculosis son enfermedades muy comunes. En las zonas más remotas la mortalidad infantil llega a cobrarse la vida de tres de cada cinco niños.

Foto: Lynsey Addario

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Los agentes de policía siguen un programa de entrenamiento militar y operaciones especiales en la Academia de Antiterrorismo y Combate en la Selva, en Kanker, una ciudad del estado de Chhattisgarh. Casi 30.000 agentes han pasado por este centro como respuesta a la violencia naxalita.

Foto: Lynsey Addario

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Los policías del estado indio de Chhattisgarh tienen la obligación de llevar a cabo un exigente curso de entrenamiento militar y operaciones especiales en la Academia de Antiterrorismo y Combate en la Selva, en la ciudad de Kanker.

Foto: Lynsey Addario

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Combatientes de un grupo maoísta escindido, el TPC, registran una aldea de Jharkhand para dar caza a exaliados. Las luchas intestinas y la extorsión han fragmentado a los naxalitas durante la insurgencia.

Foto: Lynsey Addario

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Estos niños de Sarju, estado de Jharkhand, reanudaron sus estudios durante una tregua después de que los maoístas fueran expulsados de la zona.

Foto: Lynsey Addario

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Malti Telam, de nueve años y huérfana de padre, quien murió víctima de la violencia imperante, peina a una amiga en un orfanato de Kutru (Chhattisgarh). Todos los niños del centro han perdido al menos un progenitor a manos de los insurgentes.

Foto: Lynsey Addario

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Rani Kumari es una novia adivasi de 15 años. Lleva la cabeza ungida de pasta de cúrcuma para purificarse y atraer la buena suerte. En Jharkhand casi dos tercios de las jóvenes se casan antes de los 18 años.

Foto: Lynsey Addario

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Un tamborilero adivasi luce un tocado de cuernos de gaur adornado con plumas de pavo real y conchas durante la Danza del Gaur de las fiestas de Orchha, una aldea del área boscosa de Abujmarh. Todos los años las tribus acuden a pie a esta fiesta para cantar, bailar y comerciar.

Foto: Lynsey Addario

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Mahadeo Sao (en primer término) contempla los menhires del yacimiento megalítico de Punkree Burwadih, un lugar de enterramiento y observatorio astronómico. Esta zona, rica en carbón, ha sido asignada a la National Thermal Power Corporation, aunque la extracción minera sigue bloqueada por las protestas de la población local.

Foto: Lynsey Addario

Los militantes maoístas han hecho de las selvas carboníferas su trinchera por la vía de la violencia y la extorsión.

El asesino del límite de la selva vivió y murió bajo diferentes nombres. Algunos lo conocían como Prashant; otros, como Paramjeet. A veces él se identificaba a sí mismo como Gopalji, intercambiándose el alias con otro líder de la insurgencia para confundir aún más a las autoridades indias que trataban de capturarlo.

Cuando lo conocí, con los cadáveres de sus últimas víctimas todavía calientes, se presentó con un cuarto nombre. «Camarada Manas», dijo al emerger de entre las sombras bajo un enorme nogal, metralleta en mano, la figura enjuta y las facciones consumidas por los estragos de la ma­­laria y las fiebres tifoideas, la guerra y la selva.

El día llegaba a su fin, el sol caía. Las siluetas de la docena de hombres que iban con él acecha­ban en los arrozales cercanos, vigilando, esperando. Manas y los suyos se estaban movilizando y no tenían tiempo que perder en charlas.

En la India son conocidos por un solo nombre: naxalitas. Son insurgentes maoístas, actores fundamentales del conflicto interno más prolongado y enquistado de la nación. La guerra que libran desde hace decenios, y que en la India actual se cobra más vidas que los rescoldos del conflicto de Cachemira, ha sido descrita por el ex primer ministro Manmohan Singh como «la mayor amenaza interna para la seguridad» del país.

En un brote de violencia ocurrido 24 horas antes de nuestro encuentro, Manas, de 27 años, y sus hombres habían matado a seis policías y herido a otros ocho en una emboscada al otro lado de la sierra a cuyo pie nos entrevistábamos.

El ataque había devuelto a los naxalitas a las portadas de los periódicos de la India, y las fuerzas de seguridad lanzaban una respuesta contun­dente. Automóviles y helicópteros patrullaban la zona, registrando aldeas y rastreando la selva.

Supuestamente los naxalitas deberían ser figuras del pasado, no personas que aún combaten y matan en nombre de Mao muchos años después de la muerte del líder comunista chino, en un país que ni siquiera visitó jamás. Pero su guerra, librada al rebufo del boom energético de la India, había recibido un espaldarazo con las demandas de desarrollo y la economía globalizada cuando la explotación de minerales y los derechos sobre el suelo catalizaron la revitalización de la lucha.

De este modo, las necesidades energéticas de la India y una industria ávida de materias primas vincularon a los furibundos asesinos de la selva con la producción de carbón, acero y energía, fusionando en una especie de amalgama indisoluble a los naxalitas con algunas de las comunidades más desfavorecidas del país: los adivasi, los habitantes tribales originales del subcontinente indio. En vez de convertirse en una anoma­lía del pasado, la insurgencia naxalita –nutrida con la intimidación, la extorsión y la violencia– ha llegado a simbolizar un conflicto que profeti­za el futuro. Materializa la pugna entre desarrollo y tradición, con los estados indios más ricos en minerales en el epicentro del conflicto.

De hecho Manas, quien pese a su juventud ya era «comandante de zona» naxalita, parecía convencido de que el sentimiento de injusticia social de los pobres garantizaría tarde o temprano la victoria de su causa. Veía inevitable el derrocamiento del Gobierno de Nueva Delhi.

«Igual que el tigre adulto envejece y muere –me aseguró, los ojos encendidos con esa luz que ilumina a algunos radicales–, el gobierno que queremos derribar es viejo, caduco y está acabado. Nuestra revolución es joven y todavía tiene que crecer. Así son las leyes del universo. En la batalla entre los políticos y una sociedad nueva dirigida por el pueblo, el pueblo saldrá victorioso.»

Habló hasta que los últimos rayos de sol desa­parecieron y se escabulló entre las sombras con sus hombres. Las fuerzas de seguridad estaban cada vez más cerca y no querían que los rodeasen.
La siguiente vez que vi su rostro, Manas estaba muerto. Su foto me miraba desde un altar erigido al borde del camino en su paupérrima aldea natal. Los vecinos me contaron que había caído en un tiroteo poco después de nuestra entrevista. Hasta que no leí la inscripción de la piedra no conocí la verdadera identidad del insurgente de los mil nombres: Lalesh.

La guerra de los naxalitas empezaba siempre donde terminaba la carretera. Todo el mundo lo decía. En nuestra conversación Manas se había jactado de que llevaba seis años sin ver asfalto. La policía, las autoridades políticas, los paramilitares, las tribus adivasi, los campesinos más pobres y los propios naxalitas: era lo único en lo que coincidían todos.

En los bosques del tristemente famoso Corredor Rojo indio, principalmente en los estados de Chhattisgarh y Jharkhand, siempre llegaba un momento en que la carretera se rendía ante el embate de la vegetación, ante la lluvia y el calor, un punto en que la última comisaría de policía, fortificada hasta los dientes, marcaba el alcance último de la autoridad estatal y central.

¿Y más allá? Al dejar atrás la carretera se accedía a otro mundo, la India subdesarrollada, el territorio naxalita: una tierra de autoridad paralela, filosofía comunista, tribunales populares, células armadas, explosivos improvisados.

Los naxalitas tomaron su nombre de Naxalbari, la aldea de Bengala Occidental donde en 1967 tuvo lugar un conato de levantamiento campesino contra los terratenientes que se saldó con un inspector de policía muerto a flechazos. Aquel derramamiento de sangre bautizó un movimiento inspirado vagamente en el modelo maoísta de revolución agraria. Desde entonces, los militantes maoístas fueron llamados naxalitas.

Su santuario pasó a ser los 92.200 kilómetros cuadrados de bosque de Dandakaranya, que en sánscrito viene a significar Jungla del Castigo. Dandakaranya se extiende por varios estados, entre ellos Chhattisgarh y Andhra Pradesh, y ofrecía a los naxalitas una suerte de ciudadela: Abujmarh, una selva dentro de la selva, uno de los últimos territorios ignotos de la India. Bajo el denso dosel arbóreo de la zona, montes y valles quedan cortados por ríos que bajan como torrentes en la estación lluviosa, un terreno im­­practicable para cualquier visitante indeseado.

La muerte acechaba de mil formas en aquella jungla. Los naxalitas mataban policías y parami­litares colocando bombas camineras y tendiendo emboscadas. La policía aniquilaba naxalitas en «encuentros», el término local para referirse tanto a tiroteos como a asesinatos selectivos. Los sospechosos de ser informadores del Gobierno eran juzgados por tribunales populares y eje­cutados con hachas o con cuchillos, lo que se traducía en una oleada de homicidios que no recogen las cifras oficiales de víctimas del conflicto: más de 12.000 muertos en dos decenios.

Los primeros maoístas, comunistas radicales de clase media naturales del estado de Andhra Pradesh, llegaron a Abujmarh en 1989 huyendo de la represión ejercida por las autoridades locales. El movimiento podría haberse extinguido entonces. Pero Abujmarh resultó ser un elixir para los revolucionarios. Allí, en el corazón de la jungla, encontraron un vivero de simpatizantes naturales: las tribus adivasi.

Los adivasi («aborigen» o «habitante original» en sánscrito) están categorizados oficialmente como integrantes de las Tribus Reconocidas, definidas por la Constitución india como grupos étnicos o tribales indígenas de la India reconocidos por la legislación de su país. Suman unos 84 millones de personas –el 6,8% de la población india– y se concentran sobre todo en Dandakaranya y sus inmediaciones.

Identificar unívocamente el movimiento naxalita con los adivasi sería caer en el simplismo. En las células de la organización no hay solo miembros de las Tribus Reconocidas, sino también estudiantes de clase media, dalits (los llamados intocables) y un nutrido número de combatientes que pertenecen a los colectivos sociales más desfavorecidos del país, descritos en la Constitución como Clases Atrasadas.

Ingenuos y también vulnerables, los adivasi de Abujmarh acogieron con naturalidad a los fugitivos y, tras años expuestos a la ideología maoísta, muchos pasaron a engrosar las filas naxalitas.
No es de extrañar que en un país en el que casi 180 millones de personas sobrevivían con menos de dos dólares al día –y en el que una ronda en un bar de Nueva Delhi frecuentado por la élite urbana multiplicaba el jornal mensual de un agricultor– el comunismo militante prosperase en las zonas olvidadas donde no llegaba la mano de la autoridad. Entre el oropel de los distritos financieros y las zonas rurales depauperadas de la India rural se abría un abismo infinito.

Sin embargo, lo que dio a la insurgencia naxalita una dosis de ironía y la dotó de tal poder sobre el futuro del país fue que su epicentro coincidía con el corazón de la inmensa riqueza mineral de la India. Se trata de la herencia natural indispensable para el plan del primer ministro Narendra Modi de regenerar la economía moribunda del país y llevar electricidad a un tercio de los hogares indios –a unos 300 millones de personas– que todavía viven en la oscuridad.

No es casualidad que el reñidero se situase en Jharkhand y Chhattisgarh. Ambos estados se cuentan entre los más ricos del país en cuanto a riqueza mineral, pues contienen más del 40 % de las reservas de carbón de la India. Su tesoro subterráneo también incluye depósitos de mena de hierro, piedra caliza, dolomita y bauxita por valor de billones de euros. Con su carbón se alimentan las centrales de energía que alumbran las distantes metrópolis indias. Con su acero se crean los edificios modernos, los flamantes complejos tecnológicos, los vehículos y los proyectos de ingeniería, objetivos de Modi.

Pero a estos dos estados corresponden también las peores cifras de violencia naxalita y al­­gunos de los peores índices de pobreza del país. En 2010 un análisis multidimensional de la pobreza elaborado por la ONU reveló que ocho estados indios (Jharkhand y Chhattisgarh entre ellos) sumaban más población pobre que los 26 países africanos más pobres juntos.

En vez de reducir la brecha entre ricos y pobres, la riqueza mineral ha agravado la diferencia, añadiendo contaminación, violencia y el éxodo forzoso a la lucha diaria de quienes tienen en la tierra su única esperanza de sobrevivir. El valle de Karanpura, en el norte de Jharkhand, es un ejemplo. Antaño famosa por los tigres y por ser una importante ruta migratoria de elefantes, la zona está hoy cuajada de minas a cielo abierto de las que se extraen ingentes cantidades de carbón. Cartografiadas por primera vez en el siglo XIX, a mediados de la década de 1980 las tierras carboníferas fueron adquiridas por Central Coalfields Limited (CCL), una filial regional de la empresa pública Coal India Limited (CIL).

Durante años CCL ha ofrecido todo tipo de compensaciones a los lugareños –empleo, dinero, reasentamiento, nuevas viviendas– a cambio de sus tierras y de su desplazamiento forzoso. Fueron muchos los que aceptaron el dinero, renunciaron a sus tierras y partieron. Para otros, el dinero carecía de atractivo. Algunos resistieron en unos hogares agrietados y cubiertos de polvo por las ondas expansivas de las voladuras. Las explosiones se dejaban sentir bajo los pies y desdibujaban el horizonte con un velo de humo.

Los naxalitas llevaban mucho tiempo establecidos en la zona, reafirmándose en la sensación de división y abandono del Gobierno. Un mes antes de mi visita, un grupo de maoístas armados había asaltado la mina de Ashoka. Incendiaron camiones y jeeps de la compañía antes de ser repelidos en un tiroteo con la policía local.

«Para nosotros la tierra lo es todo –me explicó un joven activista local en la aldea de Henjda mientras la enésima voladura retumbaba en el aire–. El 75 % del pueblo se niega a ceder la tierra a CCL. Nos ofrecen dinero para compensarnos. Nos ofrecen trabajo en las minas de carbón: un empleo por cada 0,8 hectáreas de terreno. Pero nada de eso basta. El dinero se agota. Los trabajos se acaban. Además, algunas familias tienen nueve bocas que alimentar con cuatro hectáreas de tierra de labor. No nos moveremos de aquí.»

En muchas otras zonas carboníferas rurales, las comunidades se han escindido entre los que se aferran a sus hogares, resistiendo el avance de la minería, y los que se convierten en agentes de CCL, encargados de convencer a sus vecinos de que vendan. Para los maoístas fue fácil explotar la situación. Ya había desavenencias en las comunidades fracturadas, y las pintadas de las paredes agrietadas no auguraban nada bueno.

«Agentes de CCL, nuestra tierra por vuestra cabeza», rezaba una funesta amenaza. Cuando al cabo de dos años volví a Jharkhand, supe que el joven activista con el que había hablado, harto de las amenazas de muerte y del acoso policial, había abandonado el activismo. Sus amigos me contaron que había encontrado empleo en CCL.

Los maoístas no se quedaban atrás a la hora de explotar los minerales. A medida que suma­­­­­­-
ba kilómetros en mis viajes por Chhattisgarh y Jharkhand empecé a ver clara una cosa: la ex­plotación minera había enconado a los adivasi y el campesinado desfavorecido, al despertar en ellos la conciencia de ser unos desposeídos en una tierra en la que en potencia podían ser unos po­­tentados. Pero los naxalitas no movían un dedo en contra de la explotación minera, sino que se beneficiaban de ella.
En ningún momento el camarada Manas ha­bía evitado mis preguntas acerca de la política minera naxalita. Me explicó que la mayoría de las unidades maoístas, al saber que habían empezado las prospecciones, lejos de atacar y ahuyentar a las empresas mineras en defensa de los derechos territoriales locales, habían formulado una única pregunta: «¿Cuánto van a pagar al partido en concepto de impuestos?».

Como cualquier insurgencia, la suya necesita financiación, y el potencial gravamen a la minería –más las extorsiones, los sobornos y el acceso a explosivos industriales que lo acompañaban– superaba de lejos cualquier ingreso derivado del impuesto anual maoísta sobre el arroz o las hojas de tendu (usadas desde el siglo XVII para liar tabaco). Si atacaban las minas, a menudo era solo porque los propietarios no habían satisfecho los pagos en concepto de protección o habían rehusado abonar a los naxalitas parte de los beneficios.

«En muchas zonas de la India actual el maoísmo no se mueve por ideología, sino por dinero», advertía Jairam Ramesh, ministro de Asuntos Rurales hasta que el Gobierno del partido del Congreso Nacional Indio (INC) del que formaba parte fue derrotado en las elecciones de 2014 por el Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi. Preocupado por la simbiosis entre los naxalitas y el sector minero, Ramesh había exigido una moratoria sobre toda actividad minera en las zonas más afectadas por la insurgencia.
«Allí donde hay minería, hay maoísmo, porque donde hay minería, hay más ingresos, y donde hay más ingresos, hay más extorsión–añadía–. Algunos de los nombres más prominentes de la industria india están operando en zonas de maoístas a cambio de tenerlos a sueldo. No quiero dar nombres, pero estamos hablando de las primeras empresas de la industria india.»

Un día de octubre tuve ocasión de conocer de primera mano este tipo de operaciones en Jharkhand. Una serie de llamadas en clave me condujeron a una reunión con un extraño en un mercado rural, quien me llevó hasta un tramo de vía desierto al borde mismo de la selva: era el punto de encuentro con un comandante naxalita, alias camarada Ranjit, que supervisaba una planta de coque controlada por los insurgentes.

La planta estaba en campo abierto junto a la selva, a pocos kilómetros de la central térmica de Bokaro, construida en 1986.

La actividad de la coquería era totalmente profesional, y se llevaba a cabo bajo dirección íntegramente naxalita. La planta se había construido sin licencia y trabajaba con carbón extraído ilegalmente por vecinos del lugar, que picaban en multitud de minas de la zona. Los naxalitas protegían la planta y se lucraban de ella. La policía también se embolsaba parte de los beneficios, o eso me aseguró el camarada Ranjit mientras recorrimos la planta. Según él, los naxalitas pagaban a los policías 100.000 rupias (unos 1.400 eu­­ros) al mes para que hiciesen la vista gorda y no se acercasen por allí. También me describió un sistema sencillo de sobornos: funcionarios co­­rruptos que cobraban una tasa por expedir la documentación que legalizase cada remesa de coque naxalita (23 toneladas por camión) y pudiese entrar en la cadena legal de convoyes. Por su parte, los naxalitas gravaban la operación con el equivalente a 900 euros diarios.

«No somos enemigos de la minería –me dijo el camarada Ranjit con una sonrisa, desconcertado ante mi dureza de mollera–. La minería puede ser nuestra amiga.»

Multipliquemos 900 euros diarios por las miles de plantas de coque y minas de carbón ilegales que hay en las zonas naxalitas. Sumemos el monto que las grandes empresas mineras abonan anualmente a los maoístas en concepto de protección (una cantidad que Jairam Ramesh cifra, en un cálculo conservador, en «millones y millones» de euros). Agreguemos a esta ecuación las reservas minerales conocidas, la avidez de la industria globalizada, las injusticias sociales y las brechas abiertas en una sociedad en desarrollo por la pésima distribución de los beneficios del boom del carbón, y los naxalitas dejan de antojarse reliquias ideológicas del pasado y empiezan a parecer una insurgencia compleja y muy bien financiada, un fenómeno del presente globalizado más que del pasado maoísta.

Si los naxalitas hallaron refugio en la jungla y financiación en la riqueza mineral, la apropiación de tierras y el desplazamiento de los campesinos fue lo que les proporcionó una fuente de militantes. Para socavar este reclutamiento y actuar contra la insurgencia, en 2014 el Gobierno decidió revisar la Ley de Adquisición de Tierras, un arcaico exponente de legislación colonial creado ex profeso para permitir la expropiación gubernamental de tierras para uso público en virtud del principio de dominio eminente que, desde su aprobación en 1894, engendró agrios enfrentamientos a lo largo y ancho de la India. La ley había desplazado a millones de personas de sus hogares en nombre de proyectos mineros e hidroeléctricos, viarios y ferroviarios. Para cuando se revisó en 2014 con objeto de introducir cláusulas significativas de reparación eco­nómica y rehabilitación social en beneficio de los expropiados, el daño ya estaba hecho. Solo desde la independencia de la India, en 1947, el derecho de dominio eminente se había utilizado para desplazar unos 60 millones de indios, entre ellos unos 24 millones de adivasi.

El fenómeno se había cebado especialmente con los adivasi, muchos de los cuales siguen sin estar reasentados en condiciones. Dado que el 90 % del carbón de la India, más del 50 % de las reservas minerales y el grueso de las ubicaciones idóneas para instalar presas hidroeléctricas se hallan en territorio adivasi, la enajenación de tierras se ha convertido en la línea de falla que separa las necesidades de las sociedades cazadoras-recolectoras tradicionales y las exigencias de una economía de rápida industrialización con un apetito voraz de mejoras infraestructurales.

Hoy, la nueva ley de 2014 sigue topándose con dificultades. Redactada por Ramesh y aprobada por el Gobierno saliente del INC, establecía un punto de referencia para la compensación y el reasentamiento de los desplazados, buscando aplacar su ira y debilitar a los naxalitas. Presionado por el sector industrial y los intereses mineros, el actual Gobierno de Modi ya se ha planteado la revisión de la ley, y todo apunta a que los derechos sobre el territorio seguirán generando re­­sentimientos y disputas indefinidamente.

Por mucho que su fortaleza derive de un sentimiento de injusticia social perfectamente legítimo, el terror que lograban inspirar los naxalitas no podía ponerse en duda. La brutalidad de su guerra quedó patente para mí en Chhattisgarh una mañana de primavera. Me había internado en el sur del estado, cerca de la ciudad de Bijapur, siguiendo un vago informe policial sobre un ataque maoísta contra una aldea adivasi. Me detuve en Kutru, un pueblo de las estribaciones de Abujmarh, y clavé la vista en la espesura selvática hacia el punto en que la carretera, poco más ya que una pista con un par de roderas, se estrechaba y dividía, perdiéndose en varios senderos antes de desvanecerse por fin en un increíble caleidoscopio de verdes.

Desde fuera la jungla podría parecer hermosa, pero pocos de los adivasi adultos que allí vivían ingerían una dieta equilibrada, y la malnutrición imperaba entre los niños. La anemia y la tuberculosis campaban a sus anchas, y en las áreas más remotas la mortalidad infantil po­día cobrarse la vida de tres de cada cinco niños. Casi todas las estadísticas situaban a los adivasi en el último peldaño de la escala social india. Estaban a la cola en cuanto a esperanza de vida e índice de alfabetización. El 75 % vivía por debajo del umbral oficial de la pobreza. Cada año el monzón se saldaba con miles de muertos, víctimas de gastroenteritis o de malaria. Las cifras de polio y ceguera eran elevadas. Los beneficios del desarrollo y una distribución justa de la riqueza mineral deberían haberse traducido en inmensas mejoras de su calidad de vida si su gestión no hubiese sido tan catastrófica.

Dejando al margen el sentimiento de desigualdad –incluso de abandono por parte del Estado–, saltaba a la vista que pocos adivasi querían perpetuar su tradicional vida de cazadores-recolectores, una existencia sin alfabeto ni escuelas, sin electricidad, sin carreteras, en la que muchos bebés y madres morían en el parto y el chamán de la aldea lo trataba todo. Los naxalitas no les ofrecían una alternativa mejor, solo una vaga no­­ción de protección y una ideología que el resto del mundo había abandonado hacía mucho tiempo.

Una cálida mañana, mientras contemplaba aquel paisaje verde, ni un murmullo humano ni un indicio de malicia salía de aquella espesura de mahuas, tamarindos y kusums. No se oía más que el zumbido de los insectos y el canto de unas aves invisibles. Y entonces, procedente de las ca­­bañas tribales que se levantaban donde acababa la carretera, el llanto de una mujer quebró la quietud. Los sollozos apenas duraron un minuto, pero fue un minuto de pena inconsolable. Todos los adivasi que había conocido eran extremadamente contenidos, y era raro ver a alguien manifestar una emoción tan intensa.
Los hombres la trajeron hasta mí. Se llamaba Sarita. Traía el rostro demudado por la tristeza y la conmoción, pero era orgullosa y me miraba directamente a la cara al dirigirse a mí. Solo tenía 19 años. Era una joven adivasi de la tribu maria. Mostraba la misma actitud erguida y segura que siempre encontré en las aldeas adivasi.

Había llegado a Kutru la víspera con 30 personas más, la mayoría miembros de una misma familia. Vivían en Kerpe, un poblado del interior de la selva, pero habían huido de su hogar. La semana anterior los naxalitas habían ocupado su aldea, me relató Sarita. Según ella eran más de cien, hombres y mujeres con uniforme militar caqui y armados hasta los dientes, a las órdenes de una mujer corpulenta llamada Ranjita.

Las células armadas naxalitas solían aparecer por la zona en abril, procedentes de Abujmarh, y emprendían una peregrinación de poblado en poblado por el límite de la selva, cobrando a las tribus el impuesto con el que gravaban la venta de las hojas de tendu. En aquella ocasión, sin embargo, los maoístas tenían en mente algo más que el impuesto. Los parientes de Sarita, una familia instruida, habían cometido un error fatídico. Tres meses antes habían recogido firmas entre los vecinos para solicitar a las autoridades del estado la apertura de una comisaría de policía en Kerpe. Entre los beneficios que llevaría aparejada la presencia policial en la aldea estaba la construcción de una carretera.

Los militantes irrumpieron en la casa y cogieron al padre, al hermano y a un primo de Sarita. A continuación Ranjita y los suyos convocaron a la aldea en pleno para que presenciase un Jan Adalat, la versión actual de los infaustos tribuna­les populares instaurados por Mao en la década de 1950 para que los campesinos chinos juzgasen a los terratenientes.

En primer lugar Ranjita leyó los cargos que pesaban sobre la famila. Después, tres supuestos colaboradores del Gobierno, atados y con los ojos vendados, recibieron una paliza de porras y puños ante una concurrencia muda. «Y luego, de repente, todo acabó –explicó Sarita–. Ranjita nos dirigió un último mensaje: cualquiera que tuviese parientes en la policía o en el gobierno local tenía una semana para marcharse o moriría. Entonces vino hacia mí y me dijo que encontraría a mi padre y a mi hermano “durmiendo” de camino a casa. Los naxalitas nos obligaron a corear lemas maoístas y luego se marcharon.»

Sarita encontró, en efecto, a su padre y a su hermano en el camino de regreso. Yacían junto al primo. Tenían las manos atadas, y los habían golpeado con el lado romo de un hacha hasta matarlos. Al hermano le habían cortado los párpados con una navaja.

La dejé de pie en un lugar próximo a donde la selva tocaba la aldea. Ya había dejado de llorar y observaba alrededor con la mirada fría y práctica de una recién refugiada que sopesa las reglas de la necesidad, que calibra las probabilidades que tendrá de sobrevivir a cada uno de los dos lados del punto donde termina la carretera.