¡Viva la Pepa! 1812, las Cortes de Cádiz y la primera Constitución Española

Con casi toda la Península ocupada por Napoleón, y bajo las bombas de los franceses, se celebraron en Cádiz unas Cortes destinadas a cambiar el rumbo de la historia de España

17 de marzo de 2016

A las nueve de la mañana del 24 de septiembre de 1810, un centenar de diputados, en representación de todas las ciudades y provincias de España, se congregaron en el ayuntamiento de la Isla de León (la actual ciudad de San Fernando, adyacente a Cádiz). Salieron en comitiva hasta la iglesia parroquial, donde el cardenal arzobispo de Toledo, Luis de Borbón, celebró una misa. Acto seguido, se preguntó a cada uno de los diputados: «¿Juráis la santa religión católica apostólica romana sin admitir otra alguna en estos reinos? ¿Juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio alguno para libertarla de sus injustos opresores? ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la nación? Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande».

Todos los diputados presentes juraron afirmativamente, a pesar de algún tímido reparo planteado previamente a la ceremonia. Acabados los actos religiosos, los regentes y los diputados se trasladaron al salón de Cortes, situado en el teatro Cómico de la Isla de León. El presidente del Consejo de Regencia pronunció un breve discurso; así quedaban inauguradas las Cortes generales y extraordinarias, la asamblea que pasaría a la historia con el nombre de Cortes de Cádiz.

El mismo 24 de septiembre, las Cortes aprobaron su primer decreto, en el que los diputados se proclamaban representantes de la nación española y afirmaban que en ellos residía la soberanía nacional, reservándose el poder legislativo en toda su extensión. Era una decisión revolucionaria, con la que las Cortes despojaban al monarca de su poder absoluto y sentaban las bases de un régimen constitucional, el primero de la historia de España. Todo había comenzado dos años antes, en 1808, con la entrada en la Península de los ejércitos de Napoleón, emperador de Francia. La invasión inesperada provocó un verdadero colapso de las estructuras del régimen absolutista; todo el entramado político de la monarquía borbónica se vino abajo, empezando por el rey, Fernando VII, que se encontraba retenido en Francia por Bonaparte.

En esta situación de vacío de poder, mientras se producían los primeros enfrentamientos entre los soldados franceses y la gente del país, se formaron de manera casi inmediata juntas de gobierno, locales y provinciales, que se organizaron, a su vez, en juntas supremas (regionales). En septiembre de 1808 se creó la Junta Central, integrada por treinta y seis vocales de las juntas provinciales. Se instaló en Aranjuez, pero, en diciembre de aquel año, ante el avance de las tropas de Napoleón, se retiró a Sevilla.

Se constituyen las Cortes

Ante la ausencia de Fernando VII, los españoles, a través de todo este sistema de juntas, se habían dado un gobierno con la misión de coordinar la resistencia contra los franceses. Para algunos se trataba de una situación de emergencia y todas las juntas tenían carácter provisional mientras el rey no pudiera volver a España y recuperar su pleno poder. Pero otros pensaban que aquella era una oportunidad para crear un nuevo sistema de gobierno, más justo y más representativo que el régimen absolutista de los reyes borbónicos. Soñaban con aprovechar la guerra contra Napoleón para hacer en España una revolución política como la francesa de 1789. Fue así como surgió la reivindicación de convocar las Cortes.

La institución de las Cortes se remontaba a la Edad Media, cuando en cada uno de los reinos de la Península existían asambleas en las que estaban representados los tres estamentos de la sociedad: el clero, la nobleza y las ciudades. Las Cortes aprobaban leyes y a veces se enfrentaban al poder de rey. Sin embargo, desde el siglo XVI habían entrado en franco declive como consecuencia del afianzamiento del poder absoluto de los monarcas, y en el siglo XVIII o habían desaparecido o se convocaban en ocasiones muy contadas. Ahora, muchas voces se alzaban para exigir que se restablecieran aquellas Cortes con todas sus prerrogativas. Aunque, en realidad, más que resucitar una institución medieval lo que querían era crear una asamblea nacional que asumiera toda la soberanía, como había sucedido en Francia en 1789.

En abril de 1809, un miembro de la Junta Central, Lorenzo Calvo de Rozas, propuso formalmente convocar las Cortes, con el objetivo de establecer una «Constitución bien ordenada». Los defensores del absolutismo recelaban de la iniciativa, dado que se pretendía convocar unas Cortes en ausencia del monarca, algo sin precedentes, mientras que los liberales esperaban que la asamblea sirviera para introducir las reformas que necesitaba el país y cambiar así el rumbo de la historia de España. El 22 de mayo de 1809, la Junta Central aprobó la propuesta de Calvo de Rozas y durante los meses siguientes debatió cuál debía ser el sistema de elección de los diputados.

Liberales y absolutistas

En enero de 1810, los acontecimientos se precipitaron. Invadida Andalucía por los franceses y con el ejército español disperso y en retirada, la Junta Central abandonó Sevilla y se trasladó a la Isla de León, que enseguida se convertiría en baluarte de la resistencia española contra el invasor. Allí, los poderes de la Junta fueron traspasados a un Consejo de Regencia, que asumió, no sin reticencias, la convocatoria de Cortes tal y como estaba planteada. La apertura de la asamblea tuvo lugar finalmente en septiembre de 1810, en el teatro Cómico de la Isla de León. En esos momentos, Cádiz padecía una epidemia, quizá de tifus, que no fue a mayores; pasado el peligro, desde enero de 1811, las Cortes se trasladaron a Cádiz y se instalaron en la iglesia de San Felipe Neri.

El número de diputados que asistieron a las Cortes de Cádiz fue variable: en la sesión inaugural hubo unos cien, 185 firmaron la Constitución y 223 se encontraban en la sesión de clausura de las Cortes Extraordinarias. Procedían de toda España y hasta de América, pues las Cortes pretendieron dar los mismos derechos a los españoles del Nuevo Mundo; eso sí, ante las dificultades para la elección o el traslado de los elegidos a Andalucía, muchos fueron sustituidos por naturales de sus provincias que en aquellos momentos se encontraban en Cádiz. La mayoría eran eclesiásticos, abogados y funcionarios.

En 1810, las Cortes decretaron la libertad de imprenta, y el final de la censura dio paso a acaloradas discusiones en cafés y tertulias

Entre los diputados se formaron enseguida dos grandes grupos ideológicos: los partidarios del absolutismo y del viejo orden tradicional, llamados por sus enemigos «serviles» –diputados como Blas de Estolaza y Lázaro de Dou– y los liberales, partidarios de reformar la sociedad del Antiguo Régimen, representados por políticos brillantes como Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero, el conde de Toreno y José María Calatrava. En realidad fueron estos últimos, los liberales, quienes llevaron la voz cantante, ayudados por el ambiente que se vivía en Cádiz, que se había convertido en un auténtico hervidero de liberales. Incluso la mayoría del clero regular de Cádiz fue liberal porque estuvo próximo a planteamientos igualitaristas, de apoyo a los débiles y de lucha contra los privilegios.

Adiós a la Inquisición, viva la libertad

La prensa jugó también a favor de los liberales. El 10 de noviembre de 1810, las Cortes decretaron la libertad de imprenta, suprimiendo la censura previa de las obras políticas. Después de años de censura y prohibición existía la posibilidad de opinar libremente. Los debates se hicieron públicos, surgieron tertulias, y se multiplicaron los periódicos y las publicaciones; entre los liberales destacaron el Conciso, el Semanario Patriótico o El Robespierre Español. La oposición absolutista, que también contaba con sus medios, se encontraba en clara desventaja frente a los defensores de la transformación liberal del Estado.

Los cafés se convirtieron en nuevos espacios de sociabilidad y debate de ideas. Los asistentes al café de Cadenas o al León de Oro, entre otros, se enzarzaban en apasionadas polémicas a partir de la lectura de las crónicas de las sesiones de Cortes que publicaba el Semanario Patriótico. Mientras, la juventud gaditana, enardecida por los discursos y las soflamas, se alistaba en los diversos batallones de voluntarios que se formaron, como el de los «lechuguinos», llamado así por emplear el color verde en su indumentaria, aunque también se atribuyó a que la mayoría pertenecían a los barrios de Puerta de Tierra y Extramuros, donde se cultivaban lechugas.

La labor legislativa de las Cortes de Cádiz fue enorme. Muchos decretos tuvieron por objetivo abolir las instituciones del Antiguo Régimen, como el régimen señorial de propiedad de la tierra (liquidado el 6 de agosto de 1811), la Inquisición o las pruebas de nobleza. También suprimieron las instituciones de control económico o social o que coartaran la libertad individual, como los gremios.

En 1813, tras apasionados debates, las Cortes acordaron suprimir el tribunal de la Inquisición, en el que se veía un enemigo de la libertad

El debate en torno a la Inquisición levantó auténticas pasiones. Los liberales, imbuidos por las ideas de ilustrados y enciclopedistas del siglo veían en el tribunal un enemigo de la tolerancia y la libertad. Se publicaron numerosos escritos para demandar la abolición del Santo Oficio, como el del liberal catalán Antonio Puigblanch, que bajo el seudónimo de Natanael Jomtob publicó La Inquisición sin máscara, o Disertación en que se prueban hasta la evidencia los vicios de este tribunal y la necesidad de que se suprima (1811). Puigblanch era partidario de acabar totalmente con la Inquisición: «Cuando trato de destruir la Inquisición por sus cimientos, entiendo cumplir con uno de los principales deberes, que imponen a todo ciudadano la humanidad y religión juntas ofendidas atrozmente, y por una serie dilatada de siglos en este tribunal».

La Inquisición también tuvo sus apologistas, como el padre Francisco Alvarado, «el Filósofo Rancio». Sin embargo, fueron los liberales los que impusieron sus tesis. El 22 de febrero de 1813, la Inquisición fue declarada «incompatible con la constitución política de la monarquía» y, al día siguiente, la Regencia del reino suprimía el Tribunal, que era sustituido por los tribunales de la fe. El conde de Toreno consideraría que la abolición del Santo Oficio fue uno de los grandes logros de las Cortes de Cádiz: «Inmarcesible gloria adquirieron por haber derribado a éste las Cortes extraordinarias congregadas en Cádiz. Paso previo era su abolición a toda reforma fundamental en España, resultando, si no, infructuosos cuantos esfuerzos se hiciesen para difundir las luces y adelantar en la civilización moderna».

Todo el poder para las Cortes

La ley de mayor trascendencia que aprobaron las Cortes de Cádiz fue la Constitución, base de la reforma de todo el entramado jurídico y político absolutista. El texto establecía un modelo liberal de Estado, basado en la división de poderes: el monarca se encargaba del gobierno y la administración; la potestad de hacer las leyes residía en las Cortes, aunque el rey debía sancionarlas y podía vetarlas durante dos años; mientras que los tribunales de justicia eran los responsables de aplicar la ley. Se trataba de un sistema muy avanzado para la época y de hecho se convertiría en modelo de otras revoluciones liberales.

Tras su regreso a España, el rey Fernando VII declaró nula la Constitución y todos los decretos promulgados por las Cortes

El texto definitivo de la Constitución fue promulgado el 19 de marzo de 1812, día de San José; de ahí el nombre popular de «la Pepa» que más tarde se le daría. A pesar de la lluvia y de la proximidad del ejército francés, ese día las muestras de júbilo fueron generales y los cronistas cuentan que se oían vítores y aplausos por toda la ciudad.

Los diputados marcharon en una comitiva, entre las aclamaciones y las canciones patrióticas de la población. Para perpetuar el recuerdo de la jornada se acuñaron medallas y se improvisaron composiciones poéticas. La noticia corrió como un reguero de pólvora por toda España y las provincias se fueron sumando a la celebración en la medida en que lo permitía la ocupación francesa.

El desquite de los reaccionarios

En 1814, la retirada de los franceses llenó de esperanzas a los patriotas de Cádiz. Los diputados se trasladaron a Madrid, con la esperanza de que el régimen que habían fraguado en Cádiz se consolidaría en un país liberado y pacificado. Pero el triunfo se convirtió para todos ellos en una pesadilla. Al volver a España, el rey Fernando VII firmó en Valencia un decreto en el que comunicaba que no solamente no juraba ni aceptaba la Constitución ni ningún decreto de las Cortes, sino que declaraba aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, «como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo». El 11 de mayo, los diputados recibieron la orden de disolución, mientras los partidarios del rey recorrían las calles de Madrid al grito de «¡Viva la Religión!, ¡abajo las Cortes!, ¡viva Fernando VII!, ¡viva la Inquisición!» Empezaba la reacción absolutista.

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