Ir a Juicio, la gran pasión de los atenienses

En el siglo V a.C., cualquier ciudadano de Atenas podía asistir a un juicio en calidad tanto de juez como de espectador

30 de julio de 2017

En la Atenas clásica, los juicios tenían mucho de espectáculo público, como hoy sucede con los procesos célebres que captan la atención de las televisiones y la prensa durante semanas. Aristófanes da una ácida visión del asunto en Las avispas, obra estrenada en el año 422 a.C., en la que presenta a Atenas como un nido de pleitos, una ciudad infestada de acusadores, jurados y escritores profesionales de discursos. De hecho, el principal motivo de la crisis del teatro en el siglo IV a.C. fue que los juicios se convirtieron en un espectáculo público mucho más atractivo que la mera ficción.

La crisis del teatro en el siglo IV a.C. fue debida a que los juicios se convirtieron en un espectáculo público mucho más atractivo que la mera ficción

Los juicios en la Atenas clásica se planteaban al modo de un duelo personal. No existían fiscales ni abogados tal y como los entendemos hoy, y el juicio se desarrollaba como una lucha entre dos individuos, un combate dialéctico cara a cara; si se deseaba demandar a varias personas por un mismo caso era necesario formular una acción contra cada una de ellas. Por otra parte, el procedimiento variaba según se tratara de asuntos criminales o civiles.

Quién juzga a quién

Los casos criminales eran competencia de un antiguo tribunal aristocrático, el Areópago, y se desarrollaban según ritos y costumbres muy arcaicos. El juicio comenzaba con una ceremonia dramática en la que los parientes del muerto colocaban una lanza sobre un montículo, lo que representaba una declaración de guerra. Luego seguía la excomunión, que era una proclama que excluía al acusado del ágora y de los lugares sagrados hasta el día de la vista. Tras las tres sesiones de que constaba la instrucción llegaba el juicio, siempre al aire libre para evitar que la mancha del acusado se propagara a los jueces y al acusador. Al comenzar se inmolaba un carnero, un cerdo y un toro, y tras el sacrificio las dos partes se ponían en pie sobre sendos bloques de roca y exponían en dos ocasiones sus argumentos antes de que los jueces votaran la sentencia.

Los asuntos que no concernían a la jurisdicción penal los juzgaba el pueblo. El aumento de los contenciosos de tipo comercial y el desarrollo del Imperio ateniense provocó el nacimiento de la figura de los diaithetes, un tribunal de arbitraje formado por atenienses de más de sesenta años (edad en la que terminaban sus obligaciones militares), que ejercían de árbitros públicos durante un año. Este procedimiento era rápido y barato –las partes debían abonar tan sólo un dracma–, aunque si uno de los litigantes no quedaba conforme con la decisión podía apelar ante un tribunal popular.

Estos tribunales populares funcionaban unos trescientos días al año, y descansaban sólo los días de Asamblea y los festivos. Para garantizar la asistencia de los jurados, habitualmente unos doscientos, había ciudades que imponían multas a los absentistas; en la democrática Atenas, en cambio, se prefería indemnizar a los asistentes con el dinero que se recaudaba en concepto de gastos judiciales y multas. La paga era de dos óbolos diarios –un trióbolo a partir de 425a.C.–, equivalente al salario de media jornada de trabajo, una cuantía que no solía atraer a los ricos ni a las gentes del campo, para quienes no era rentable desatender sus granjas. La mayoría de los jurados pertenecían, por tanto, a las clases medias y bajas de la ciudad y del puerto. Muchos encontraban una magnífica distracción charlando y discutiendo con otros jurados los casos que se juzgaban y, cómo no,alimentando su vanidad al participar en decisiones que podían arruinar o salvar vidas.

Estos tribunales populares funcionaban unos trescientos días al año y la mayoría del jurados pertenecía a las clases medias y bajas

La demanda debía presentarse por escrito ante el magistrado que presidía el tribunal, quien, si la aceptaba, ordenaba a las partes el inmediato depósito de gastos y fijaba un día para la instrucción. Esta fase procesal comenzaba con un juramento y con la presentación de las pruebas: contratos y otros documentos, testimonios, prendas, etcétera. Todo ello se guardaba junto con el expediente en una caja sellada hasta la celebración de la audiencia pública.

Un espectáculo popular

El día de la audiencia, los jurados entraban en el tribunal muy temprano, poco después del alba, y se acomodaban en banquetas de madera recubiertas de esteras de juncos. El presidente se sentaba en una tribuna de piedra y junto a él se disponían un escribano, un heraldo y varios arqueros escitas encargados de la seguridad. Las partes se situaban en los dos extremos de la tribuna. Los juicios se celebraban casi siempre al aire libre, por lo que se congregaba un gran número de curiosos cuando se trataba de un asunto de interés público o de un tema morboso.

A la hora señalada, el presidente ordenaba cerrar la puerta del vallado y se entregaba una ficha a los jurados para que al final la canjearan por la paga. Al igual que las sesiones de la Asamblea, se comenzaba con el sacrificio de un animal y una oración; acto seguido, el heraldo procedía a la lectura de las causas que se iban a enjuiciar en la sesión. El escriba leía la demanda y la declaración del acusado, y entonces se concedía la palabra por turno a acusado y defensor, que tenían que hablar por sí mismos. Los incapaces, las mujeres, los menores, los esclavos y los metecos (los extranjeros) eran representados por su tutor legal, su dueño o su patrono.

Las partes solían recibir la ayuda de los logógrafos, profesionales de la escritura que preparaban discursos para sus clientes. Al no existir los abogados, si una persona era objeto de una demanda tenía que defenderse por sí sola o encargar a un logógrafo uno de esos sugestivos textos y memorizarlo. Los logógrafos solían quedar siempre en la sombra, ya que escribían sus alegatos en primera persona para que diera la impresión de que el cliente hablaba por sí mismo. Sus servicios aunaban las funciones de escritor, de profesor de oratoria y también de abogado, puesto que debían diseñar la mejor estrategia procesal. Lisias (459-380 a.C.) fue tal vez el logógrafo cuyos textos alcanzaron mayor altura literaria. Era, sin embargo, un oficio poco reconocido social y económicamente, y de hecho Isócrates y Demóstenes lo abandonaron en cuanto pudieron para ejercer como director de escuela y como político, respectivamente.

Los incapaces, las mujeres, los menores, los esclavos y los extranjeros eran representados por su tutor legal, su dueño o su patrono

Los litigantes también podían pedir permiso al tribunal para que les reemplazara otra persona con mayor facilidad de palabra, petición que solía aceptarse con la única condición de que esta especie de abogado (sinegora o síndico) no recibiera emolumentos. En ocasiones la ayuda se limitaba a una perorata enérgica que complementaba la explicación dada antes por el interesado.

Cárcel, destierro, muerte

El demandante tenía derecho de réplica y el demandado de contrarréplica, por lo que se hacía necesario medir la duración de los discursos con una clepsidra (un reloj de agua). Cada parte disponía de 20 a 48 minutos para la primera intervención y de 8 a 12 minutos para el discurso de rectificación,según la suma de dinero en juego. La sentencia debía ser pronunciada en el mismo día y sólo una «señal de Zeus» –una tempestad o un terremoto– podía obligar al presidente a levantar antes la sesión.

Terminados los debates, con frecuencia acompañados de gritos de desaprobación o gestos de apoyo, se procedía sin más a la votación en dos ánforas colocadas sobre una mesa. Durante el siglo V a.C., cada jurado se acercaba por orden e introducía una pequeña concha o un guijarro, según fuera favorable a una parte o a la otra; a partir de 390 a.C. depositaban una ficha de bronce entera o una horadada, según el caso. Luego, el heraldo proclamaba los resultados del escrutinio y el presidente pronunciaba la sentencia, que se establecía por mayoría simple. Las penas pecuniarias eran la multa o la confiscación, mientras que las penas aflictivas podían ser la muerte, el destierro, la atimia (privación de derechos cívicos) y el encarcelamiento.

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